La Generalitat comenzará a evaluar en abril a los porteros de locales de ocio

Valencia.-  La Generalitat realizará a partir del próximo abril las pruebas evaluadoras para conceder el permiso para ejercer de portero de locales de ocio, una actividad que pretende regular con un examen psicotécnico y una prueba teórico-practica sobre conocimientos jurídicos, de psicología y de primeros auxilios.

ampliar foto

(EFE)

Fachada de una discoteca.

Así lo fija el Decreto que regula el derecho, la reserva y el servicio de admisión en los establecimientos públicos destinados a la realización de espectáculos y actividades recreativas, aprobado el pasado viernes por el pleno del Gobierno valenciano y que entrará en vigor mañana.

Quienes no superen esa prueba no podrán ejercer el derecho de admisión, pero quienes sí la pasen tendrán que repetirla a los cuatro años, con el objetivo de garantizar su "continuo reciclaje y formación".

En concreto, los aspirantes deberán probar sus conocimientos sobre los derechos fundamentales de la persona recogidos en la Constitución y sobre las normativas sobre derecho de admisión, hojas de reclamaciones, horarios de establecimientos públicos, menores de edad, tenencia de armas en locales de pública concurrencia, drogodependencias y medidas de seguridad ante urgencias.

Asimismo, tendrán que acreditar su formación psicológica sobre la actuación a seguir en situaciones de peligro para las personas, así como si son capaces de analizar cuándo un individuo ha consumido alcohol o estupefacientes y qué hacer en situaciones de primeros auxilios.

El Decreto también establece una serie de requisitos para aquellos que han de presentarse a las pruebas, como no tener ninguna condena por delito contra las personas o el patrimonio y estar en posesión, al menos, de título de graduado en ESO o Formación Profesional en grado medio o equivalentes.

"El derecho de admisión se ejercerá siempre con respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos funcionales, sin que quepa discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, género, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social", añade la normativa.

No obstante, matiza que "se podrán establecer condiciones particulares de admisión que serán, desde luego, objetivas, públicas y aplicadas por igual a todos".

La Generalitat podrá retirar esa habilitación si incumple la normativa o se excede en las funciones que el Decreto otorga a quien ejerce el derecho de admisión "y que en ningún caso contemplan el uso de la violencia o la fuerza física".

Asimismo, se establece que el servicio de admisión debe estar "perfectamente identificado y en ningún caso puede ejercer de seguridad privada", cuyos miembros podrán ejercer el derecho de admisión siempre que superen las pruebas y cumplan los requisitos que establece este Decreto, que amplía la normativa que regulaba el derecho de admisión desde 2001 en la Comunitat Valenciana.