Buenos Aires.- El Estado argentino pasó a controlar hoy 78.000 millones de pesos (23.350 millones de dólares) en activos de los fondos de la jubilación privada, al publicarse la ley que les pone fin y que reforma el sistema de previsión social.
Estos fondos estaban controlados hasta ahora por aseguradoras y bancos de capital local, europeo y estadounidense.
El Boletín Oficial del Estado puso en vigor la ley que crea el Sistema Integrado Previsional Argentino, con lo que las jubilaciones se vuelven a concentrar en el Estado después de 14 años de convivencia con la opción privada.
También entraron en vigor normas para el manejo de los activos que ahora pasan a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que cada año se anexará además 13.500 millones de pesos (unos 4.000 millones de dólares) que aportaban los 9,5 millones de afiliados a los diez fondos de jubilación privada del país.
Estos fondos estaban controlados hasta ahora por aseguradoras y bancos de capital local, europeo y estadounidense.
La reforma del sistema de jubilaciones ha sido rechazada por las principales fuerzas de la oposición, que acusan al Gobierno que preside Cristina Fernández de "saquear" fondos privados para financiar deudas y el gasto público.
El mercado de capitales argentino y el de España sufrieron fuertes sacudidas a mediados de octubre pasado, cuando Fernández anunció el envío al Parlamento de la ley reformista, que fue promulgada el 4 de diciembre.
A partir de hoy, la Anses pasa a tener bonos soberanos, títulos de deudas privadas y participaciones en una treintena de grandes empresas cotizantes en la Bolsa de Buenos Aires, entre ellas varias de capital español que estaban en manos de los fondos de pensión.
Unos 45.500 millones de pesos (13.500 millones de dólares) de los fondos de pensión privada estaban invertidos en bonos públicos argentinos, por lo que la Anses es ahora propietaria de gran parte de la deuda soberana, lo que le simplificará al Tesoro el alivio de los pagos.
Otros 7.200 millones de pesos (unos 2.150 millones de dólares) están invertidos en plazos fijos y representan cerca de una décima parte de las colocaciones en estos instrumentos dentro del sistema financiero local.
Se presume que la mayor parte de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) cerrarán sus puertas en vista de que su negocio queda reducido al de los seguros de retiro y a manejar aportes que sus afiliados hicieron voluntariamente por encima de lo que fijaba el antiguo sistema.
La nueva legislación dispone que quienes eran afiliados a las AFJP podrán optar por transferir sus aportes voluntarios a la Anses, a la que el Gobierno de Fernández ha dado participación en un millonario plan de ayuda a las empresas para afrontar los coletazos de la crisis financiera internacional.
"En ningún caso, las compensaciones que pudieran corresponder" a las AFJP "podrán superar el valor máximo equivalente" a su capital social, dice la normativa.
También establece que "se realizarán todos los actos necesarios para garantizar el empleo" de quienes no hayan ocupado cargos jerárquicos en los fondos de pensión, que se calculan en unos 9.000 trabajadores que serán contratados por la Administración Pública.
La semana pasada, Fernández anunció un plan de créditos con bajas tasas de interés por unos 13.200 millones de pesos (unos 3.800 millones de dólares), en parte aportados por la Anses, para financiar a pequeñas y medianas empresas, las compras de automóviles y de electrodomésticos.
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