PP pide que ANV no gestione los 8.000 millones mientras se decide su desalojo

Madrid.-  El PP ha pedido hoy que los alcaldes de ANV no gestionen el fondo de 8.000 millones de euros contra la crisis destinado a los ayuntamientos en tanto se tramita la disolución de los consistorios en los que gobierna, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Bases del Régimen Local.

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El PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso y una moción en el Senado en la que solicita al Gobierno "en el plazo más breve posible" que apruebe un real decreto que disuelva los ayuntamientos gobernados por ANV en el País Vasco.

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría ha recalcado hoy que, tras el asesinato del empresario vasco Ignacio Uría, "es el momento" para proceder a la disolución de los consistorios de ANV, "utilizando mecanismos que tiene el Gobierno" y con el apoyo del Senado.

El real decreto necesita del informe favorable del Senado, al tratarse de un asunto territorial, y debe ser comunicado asimismo al Gobierno vasco antes de ser acordado por el Consejo de Ministros.

La proposición no de ley y la moción registradas hoy por el PP en ambas cámaras reclaman que los ayuntamientos gobernados por ANV "no gestionen ni un sólo euro" que les pueda corresponder del fondo de 8.000 millones de euros aprobado por el Gobierno, y que "lleguen a los vecinos" a través de las Diputaciones Forales vascas.

"Siendo un partido ilegalizado es injustificable en democracia que sigan gobernando ayuntamientos, gestionando mucho dinero público y al frente de instituciones en las que no han condenado ni un sólo acto terrorista", ha declarado la portavoz del PP al término del minuto de silencio que se ha guardado hoy en el Congreso por el asesinato de Uría.

Según Sáenz de Santamaría, el hecho de que ANV continúe al frente de algunos ayuntamientos, entre ellos el de Azpeitia, donde ayer fue asesinado el empresario vasco, "justifica, alienta y da cobertura" a los terroristas.

Ha explicado que el PP ha comunicado esta iniciativa al Gobierno antes de la reunión contra ETA celebrada en el Congreso por los grupos parlamentarios y los agentes sociales y que este asunto se ha abordado en esta cita.

La iniciativa del PP se ampara en el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local para solicitar la disolución de las corporaciones gobernadas por ANV.

Además, "en tanto se da cumplimiento a la citada disolución", los populares reclaman al Ejecutivo que transfiera a las Diputaciones Forales el dinero de los 8.000 millones del plan municipal anticrisis que correspondería a los 43 ayuntamientos gobernados por ANV, un importe que superaría los 24 millones de euros.

Para argumentar su solicitud, el PP recuerda que ANV está ilegalizada por el Tribunal Supremo y que la ley faculta al Ejecutivo para disolver las corporaciones "cuando den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave" al terrorismo o a quienes lo apoyan o humillen a sus víctimas.

A renglón seguido, el PP remarca que alcaldes de ANV en municipios del País Vasco y Navarra no han condenado atentados de ETA, y cita el asesinato de Isaías Carrasco en Mondragón y el de Ignacio Uría en Azpeitia.

"La no condena de un atentado terrorista supone la justificación en toda regla de los métodos terroristas. Al no desvincularse de sus atrocidades, dan cobertura y legitimidad a los mismos", sentencia el grupo popular en los textos registrados hoy en ambas cámaras.

También argumenta el PP que hasta que se llega "a esa salida de los representantes políticos de ETA" de las instituciones vascas y navarras, "no parece razonable" que los consistorios gobernados por ANV administren la parte del fondo que les correspondería.