Barcelona.- El portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, ha alertado hoy de que aún hay numerosos escollos que impiden dar por cerrado el Pacto Nacional por la Inmigración, en el que CiU exige establecer mecanismos para evaluar el esfuerzo de integración de los inmigrantes en Cataluña.
El portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol.
"Hay muchos frentes abiertos", ha advertido Pujol en rueda de prensa en el Parlamento catalán, para enfriar las expectativas de quienes ya dan por hecho el pacto entre las fuerzas políticas de Cataluña.
CiU se resiste a apoyar el borrador del pacto presentado por el gobierno de la Generalitat, ya que su contenido todavía no se adecúa a los mínimos exigidos por la federación que preside Artur Mas.
De entrada, Pujol ha afirmado que el documento propuesto por el gobierno "pasa muy de puntillas" sobre un tema que CiU considera clave, como es establecer un mecanismo para "testar" el grado y esfuerzo de integración de los inmigrantes.
Según Pujol, el borrador de pacto adolece de un vocabulario "buenista", refugiándose excesivamente en lo políticamente correcto.
Otro aspecto del texto que no gusta a CiU es que se solapa con la ley de centros de culto, que se encuentra en plena tramitación parlamentaria: "El pacto da por hecho la utilización de suelos públicos para la instalación de centros de culto, por ejemplo, antes de saber qué dice la ley", ha denunciado Pujol.
Pese a que la intención del gobierno catalán es firmar el pacto antes de acabar el año, CiU no siente una "obligación" cumplir este plazo, ya que considera "más importante el contenido" que la fecha.
La portavoz adjunta del PSC en el Parlamento catalán, Carme Figueras, ha asegurado que la firma del Pacto Nacional para la Inmigración "depende" básicamente de las "ganas" de suscribirlo que tenga o no CiU.
Por otra parte, Pujol ha denunciado que el gobierno de la Generalitat intenta aprovechar la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2009 para modificar la recién aprobada ley de creación de la Oficina Antifraude.
A través de una enmienda presentada a la ley de acompañamiento, se pretende establecer que, "en cualquier tema que investigue la Oficina Antifraude que afecte a los presupuestos de la Generalitat, los miembros que participen en la investigación por parte del gobierno sean nombrados por el Departamento de Economía".
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