La Iglesia y la ONU no se lo ponen nada fácil a los homosexuales

El próximo 10 de diciembre se cumplen 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. El texto reconoce que toda persona tiene todos los derechos y libertades que ésta recoge "sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición". Pero en esa enumeración no se incluye una condición que muchos colectivos reivindican desde hace años: la orientación sexual. Coincidiendo con el aniversario, Francia quiere enmendar esta carencia y por ello presentará el día 10 una propuesta para exigir la despenalización mundial de la homosexualidad. Pero en su 'cruzada' ha encontrado un fuerte opositor: la Santa Sede. Los colectivos de gays y lesbianas consideran intolerable que la Iglesia se oponga a la propuesta.

Giampiero Sposito (REUTERS)

Jesús pertenece a una asociación de católicos homosexuales. Vive en Madrid, por lo que tiene derecho a contraer matrimonio con una persona del mismo sexo. Tan sólo cinco países del mundo (y el estado de Massachusetts), permiten este tipo de uniones legales. En el otro extremo, siete países castigan con pena de muerte las relaciones homosexuales: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Mauritania, Nigeria, Sudán y Yemen. Además, tal y cómo indica el mapa de la represión a los homosexuales —elaborado anualmente por la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas— en 86 países la homosexualidad es delito. Por eso, Jesús no entiende cómo alguien puede oponerse a la propuesta de Francia.

"Lo que se pide es que se despenalice la homosexualidad, que no se castigue, que no muera gente por ello. No se habla de lo que es moralmente bueno o malo. Y la Iglesia, que siempre ha defendido a los débiles y marginados, debería darse cuenta de que ahora mismo somos los gays los que estamos siendo marginados", asegura Jesús.

Casi como 'respuesta' a las reivindicaciones de Jesús, el argumento del portavoz del Vaticano ante la ONU, Federico Lombardi, es que, si la propuesta sale adelante, generaría nuevos tipos de discriminación. "Puede convertirse claramente en un instrumento de presión o discriminación contra quien, por ejemplo, considera el matrimonio entre hombre y mujer la forma fundamental y originaria de la vida social y como tal algo que privilegiar".

Como era de esperar, las asociaciones de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales han puesto el grito en el cielo y consideran que esa explicación no es más que una excusa de la Iglesia. Al fin y al cabo, la postura de Joseph Ratzinger sobre la homosexualidad es conocida, incluso antes de que se convirtiera en Benedicto XVI. "Estas declaraciones nos producen una enorme vergüenza que no debe volver a repetirse", indicaba Miguel Ángel Gonzáles, presidente de COGAM (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid). Miguel Ángel Sánchez, presidente de la Fundación Triángulo hablaba de la increíble capacidad de la Iglesia de mantener varios discursos al mismo tiempo; por un lado, nos intenta convencer en España de que sólo se opone a la palabra matrimonio y no a las uniones de parejas del mismo sexo, mientras que muestra indiferencia por las penas de muerte a homosexuales que todavía quedan en siete países".

Las reticencias de la ONU

La negativa del Vaticano no impedirá que la iniciativa llegue hasta Naciones Unidas puesto que Francia ha anunciado que seguirá adelante con una petición que considera "justa en el plano ético y humano". Otra cosa es que se apruebe. Por el momento, sólo 42 de los 192 estados representados en la ONU, entre ellos España, han dicho que apoyarán la propuesta de Francia. Además, los temas referentes a la homosexualidad siempre han encontrado una gran oposición en el seno de Naciones Unidas. Brasil tuvo que retirar en dos ocasiones por falta de apoyos una propuesta en la que se pedía a los estados que protegieran los derechos humanos de todas las personas independientemente de su orientación sexual.

En aquella ocasión, Amnistía Internacional (AI) declaró que "si la Comisión de Derechos Humanos no defiende el principio de universalidad de los derechos humanos y ni tan siquiera debate la discriminación por motivo de orientación sexual o identidad de género, le estará fallando a millones de personas de todo el mundo, y además estará incumpliendo su deber de hacer respetar los principios básicos de los derechos humanos", como recuerda a Aguilera, Portavoz de AI en España.