Valladolid.- El Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (GESTHA) ha criticado hoy "el aplazamiento" de la aplicación del nuevo Plan de Prevención de Fraude Fiscal hasta enero de 2010 y ha reclamado mayores responsabilidades para los técnicos del Ministerio de Hacienda.
El técnico de Hacienda, Jesús Montero, Ignacio Zubiri, catedrático de Plítica Fiscal de la Universidad del País Vasco, Josñe Carameño, profesor de la Universidad de Santiago y Josñe Luis Zurro, responsable del área fiscal de Garrigues y Andersen de Valladolid, momentos antes de participar en una mesa redonda sobre el fraude fiscal como prólogo al VIII Congreso Nacional Técnicos del Ministerio de Hacienda.
Así lo ha manifestado hoy el secretario general de GESTHA, José María Molinero, en declaraciones a Efe, antes de participar en una mesa redonda sobre el fraude fiscal, prólogo al VIII Congreso Nacional de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que se celebra a partir de mañana en Valladolid.
Molinero ha considerado que las nuevas medidas de la actualización del Plan de Prevención de Fraude Fiscal 2005-2008 de la Agencia Tributaria (AEAT), presentado hoy, son "un paso importante en el que se han tomado en consideración nuestras peticiones".
Sin embargo, el secretario general de GESTHA ha criticado que las medidas que establece el Plan, como la recepción periódica de información sobre operaciones en efectivo superiores a 3.000 euros de las entidades financieras, se empiecen a aplicar a partir del 1 de enero de 2010.
Asimismo, Molinero ha sugerido otorgar mayores responsabilidades a los técnicos de Hacienda para prevenir el fraude fiscal ya que en España "el 23 por ciento de la economía está sumergida y uno de cada cuatro euros es negro".
En este sentido, el catedrático de Política Fiscal de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri ha reclamado medidas contra "el fraude estructural en el IRPF" para que "en España deje de ser rentable defraudar".
Zubiri ha propuesto una reforma de la normativa fiscal que cierre "vías" para eludir impuestos, la creación de una policía fiscal y que se haga "corresponsables" a las instituciones financieras y a los asesores fiscales.
En este sentido, el responsable de Garrigues y Andersen en Valladolid, José Luis Zurro, ha considerado que los asesores "ya están obligados por la normativa" y que "quien quiere defraudar no recurre a asesores".
La normativa en España es "compleja, cambiante y sometida a múltiples interpretaciones", ha afirmado Zurro quien cree que se debe "simplificar y clarificar".
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