Madrid.- Más de cuarenta expertos juristas se han adherido a un manifiesto de Amnistía Internacional (AI), en el que se pide al Estado español que "garantice una investigación judicial" sobre las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo.
Una de las personas que participan en la recuperación de los restos localizados en superficie en la zona de la Batalla del Ebro, recoge unas bolsa con restos humanos en la zona de trincheras del Pinell de Brai, en la localidad de Corbera d'Ebre.
Entre los especialistas están José Antonio Martín Pallín, miembro de la Comisión Internacional de Juristas y magistrado emérito del Tribunal Supremo; Hugo Omar Cañón, Fiscal General de Buenos Aires; Susana Villarán, ex integrante de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y Roberto Garretón, ex abogado de la Vicaría de Solidaridad durante la dictadura de Pinochet.
La organización ha explicado hoy en una nota que estas firmas han sido enviadas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante la reciente "falta de voluntad" del Estado para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron esas desapariciones y recuperar los cuerpos.
El pasado 18 de noviembre, el juez instructor de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibió de la investigación que él mismo inició a mediados de octubre y remitió la causa a veinte juzgados provinciales.
El manifiesto, titulado "Para pasar página, primero hay que leerla", asegura que las desapariciones forzadas o los delitos de detención ilegal con paradero desconocido son crímenes contra la humanidad, no susceptibles de amnistía, indulto o prescripción, y que esto "se sabía en 1936".
El Ministerio Fiscal apeló el 20 de octubre a la prescripción de los delitos y a la Ley de Amnistía de 1977, entre otras alegaciones, para solicitar el archivo del auto, mientras que el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó once días después la derogación de dicha ley.
AI asegura en su escrito que "no existe antecedente alguno en que un país haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costos y responsabilidades" de exhumar y recuperar los cuerpos de los fallecidos.
El documento subraya que los tribunales españoles se declararon competentes para investigar crímenes que atentaron contra el derecho internacional en Chile y en Argentina y sin embargo ahora "se abstienen de investigar otros similares cometidos en su propio país".
Uno de los firmantes, José Antonio Martín Pallín, señaló el pasado día 17 que si la Audiencia Nacional no continúa con la investigación, "lo harán tribunales internacionales, y a lo mejor nos encontramos con la sorpresa no muy agradable de que un juez de otro país haga lo mismo que hizo Garzón con Pinochet".
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