Tres cabildos piden retirar las medidas urgentes y el Gobierno ve difícil el consenso

Santa Cruz de Tenerife.-  Los cabildos de Gran Canaria, La Gomera y El Hierro, así como el PSC, pidieron hoy la retirada del proyecto de ley de medidas urgentes para lograr el consenso, lo que el Gobierno ve difícil si hay un rechazo "de antemano", y negó que haya una ruptura con el marco jurídico en materia de planificación.

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(EFE)

De izquierda a derecha, los presidentes de los Cabildos de Tenerife, Ricardo Melchior; de El Hierro, Tomás Padrón; de Fuerteventura, Mario Cabrera; de La Palma, José Luis Perestelo y de La Gomera, Casimiro Curbelo, durante la Comisión General de Cabildos celebrada hoy en el Parlamento regional.

La diferencia de pareceres se produjo durante el debate del proyecto de ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en la comisión general de cabildos del Parlamento regional, en la que no obstante se coincidió en la necesidad de simplificar la normativa en este ámbito.

Al debate no asistieron la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Manuela Armas, ni el titular del de Gran Canaria, José Miguel Pérez, aunque la decisión de esta última corporación de pedir la retirada del proyecto de ley fue transmitida por Mario Cabrera, presidente del Cabildo de Fuerteventura.

Los representantes de las corporaciones insulares de Tenerife y La Palma, Ricardo Melchior y José Luis Perestelo, respectivamente, valoraron el proyecto de ley aunque con reparos, y el presidente de la corporación palmera se mostró contrario a su retirada por entender que supondría aplazarlo demasiado en el tiempo.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, explicó que con este proyecto el Gobierno pretende corregir las disfunciones y complicaciones detectadas tras cinco años de aplicación de las directrices de ordenación del turismo y nueve desde la entrada en vigor del texto refundido de la legislación sobre el territorio.

Estas normas fueron aprobadas con consenso "porque quizás había las condiciones políticas para alcanzarlo" y el Gobierno regional espera ahora apelar a esta posibilidad, pero es "difícil" si el proyecto es "prejuzgado con anterioridad y se ha tomado ya la decisión de solicitar su rechazo", añadió Berriel.

Para el diputado socialista Francisco Hernández Spínola, el mejor servicio a la sociedad que puede hacer el Gobierno canario es retirar este proyecto, que a su juicio rompe los ejes principales de la legislación territorial, tiene medidas lesivas para cabildos y ayuntamientos y deroga la moratoria turística.

A su juicio, el Gobierno "no cree en el consenso" y ve al consejero Domingo Berriel "retranqueado y con falta de voluntad política" y en estos términos, dijo Hernández Spínola, no va a haber acuerdo y el PSC mantendrá una posición "bastante crítica".

"El PSC está dispuesto a arribar el hombro pero para ello hace falta un vuelco" en el citado proyecto de ley, añadió.

El diputado del grupo Popular Miguel Jorge Blanco consideró que el consenso no debe servir como excusa porque el sistema democrático es de mayorías y no de unanimidades, y recordó que se trata de un proyecto de medidas "urgentes" y por lo tanto "cuando antes entre en vigor, mucho mejor para todos".

El portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, opinó que es posible el consenso y conciliar los intereses de los sectores, por lo que consideró que hoy no termina el contacto con los cabildos, que continuará en el trámite de enmiendas y hay tiempo, dijo, hasta febrero de 2009.

Barragán confió en que "este espíritu" prevalezca el 10 de diciembre, fecha del pleno en el que procederá al debate del proyecto de ley, porque "más allá de las legítimas críticas hay que transmitir la voluntad clara de llegar a un acuerdo".

El presidente del Cabildo de El Hierro, Tomás Padrón, precisó que en Canarias hay ocho normas sobre el suelo a las que se añade esta novena, lo que genera "un overbooking y un derroche normativo que está volviendo locos a juristas, promotores y sobre todo, a los ciudadanos".

Ante este "barullo" de leyes sobre el territorio es conveniente "fumar la pipa del más amplio consenso entre Gobierno, cabildos y ayuntamientos, primero, y después en el trámite parlamentario", apuntó Padrón.

A su juicio, la simplificación de los trámites no es excusa para que en el proyecto haya tendencias "centralistas" que desautoricen a las administraciones locales y se subroguen competencias en determinados supuestos de planificación, sobre todo cuando la Consejería no es capaz de resolver en plazo los expedientes de tramitación.

Apuntó Padrón que la urgencia "no es el mejor aliado para una buena ley" y pidió al Gobierno que se plantee la retirada del texto para "un análisis y consenso" y que en el periodo de enmiendas los grupos parlamentarios "sean capaces de darle el revolcón que merece".

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, insistió en que no comparte buena parte del contenido ni las formas del proyecto de ley y propuso al Gobierno que empiece "de cero" para debatir el texto "sin urgencia y desde el consenso de todos los grupos políticos".

Curbelo sostuvo que lo que es urgente es regular el suelo rústico, y tomar "con sosiego" y de forma separada lo relativo al turismo, puesto que además se introduce "una puerta falsa" para incorporar nuevas plazas turísticas "y la moratoria se hace añicos".

Tampoco respeta el sistema canario de planeamiento y se prescinde del tradicional reparto de competencias entre administraciones, al tiempo que se renuncia a una planificación "coherente" en favor de la discrecionalidad jurídica, añadió.

Mario Cabrera, presidente del Cabildo de Fuerteventura, pidió que se agote "el máximo consenso" en el debate parlamentario y reclamó que los planes insulares de ordenación del territorio sigan siendo los instrumentos sobre los que gire cualquier ley, que además debe respetar la autonomía de las instituciones.

Ricardo Melchior, titular del Cabildo tinerfeño, que ha presentado 70 páginas de alegaciones al proyecto, afirmó que esta norma no debe quedar sólo en buenas intenciones sobre el suelo rústico y abogó por mantener el esquema de la ley de ordenación del territorio de Canarias.

El Cabildo de Tenerife critica la falta de mecanismos de control sobre el aumento de la oferta turística y pide acotar la ley en cuanto al número de camas y de hoteles de cinco estrellas, explicó.

"Es una ley que trasciende con mucho una legislatura y por ello es absolutamente necesario una búsqueda de consenso, lo que es importantísimo para el sector turístico", detalló Melchior.

José Luis Perestelo, presidente del Cabildo de La Palma, consideró "deseable" que el espíritu de consenso se pueda escenificar en el Parlamente ante una ley "necesaria", que es "mejorable" en cuanto a que no precisa el alcance de la ordenación turística en dicha isla, La Gomera y El Hierro.

El diputado socialista Francisco Hernández Spínola dijo que este proyecto ha provocado "preocupación, desconfianza, malestar y una cierta alarma social" y calificó de "mal comienzo" el producir un cambio normativo "unilateral" en leyes que han nacido "con una posición común y un éxito compartido".

Esto se produjo porque hubo un liderazgo político que hoy no existe, señaló Hernández Spínola, puesto que el proyecto no tiene respaldo institucional y "fulmina" normas anteriores.

Además nace desde la desconfianza en las administraciones insulares, a las que "se desapodera de competencias y se constriñe con plazos excesivamente cortos", y concentra en manos del Gobierno las competencias en ordenación que corresponden a los ayuntamientos, apuntó.

Esto supone un ataque a la autonomía municipal y además finiquita la moratoria turística y sustrae competencias al Parlamento, que ya no fijará los límites al crecimiento ni las autorizaciones previas, explicó Spínola.

El consejero Domingo Berriel discrepó con el argumento de que el proyecto hace una propuesta "coherente" de ordenación del territorio y restrictivo en cuanto al turismo para evitar "cuantiosas indemnizaciones" como las generadas con la moratoria.

Además apuntó que el proyecto introduce una compensación sectorial que las leyes anteriores "en modo alguno consiguieron", pues se ha producido un abandono del medio rural y un efecto ambiental absolutamente contrario a la protección que defendía la legislación, aunque reconoció que la ley no será "la panacea".

"No es en modo alguno un momento para tener pasividad y la lentitud no es una opción para el Gobierno", proclamó Berriel, que defendió la urgencia del proyecto por razones de interés general.