El 'Rey Midas' tampoco se libra: el Gobierno colombiano interviene DMG

Colombia ha emitido hoy un doble capítulo de su culebrón sobre la crisis de las 'pirámides' financieras. Esta mañana (hora española) el Gobierno ha ordenado la intervención y el cierre de las 59 sedes de la controvertida empresa DMG, propiedad del joven de 28 años David Murcia Guzmán, que ofrecía triplicar los intereses a sus clientes. Y esta tarde, sólo unas horas después, el ejecutivo ha decretado el "estado de emergencia social" para poder expedir decretos que permitan enfrentarse a esta crisis.

Rafa Salafranca (EFE)

Un policía ante una de las sedes de DMG.

El pasado viernes en soitu.es nos hacíamos eco de la historia de David Murcia Guzmán. El dueño de DMG, que hasta ahora se había mantenido ajeno a esta crisis, estaba en el punto de mira de las autoridades colombianas que trataban de investigar si en sus negocios usaba esquemas piramidales y captación de recursos, algo que él ha negado de forma enfática en todo momento y que hoy mismo ha vuelto a hacer.

Nada más conocer la noticia, Murcia aseguró en una entrevista telefónica a W Radio Colombia que ha pedido a sus afiliados que mantengan la calma ya que no tienen por qué preocuparse. "Quiero pedirle a la familia DMG tranquilidad para enfrentar esta situación, voy a dar la cara para que las personas que durante tantos años han confiado en nosotros lo sigan haciendo; les pido a las personas que van a marchar que lo hagan con total paz y a los policías de orden público que por favor no ataquen a los clientes, porque lo único que no quiero es que se vean agredidos por esta situación". El empresario aseguró que "respeta pero no comparte" la decisión.

La versión moderna del 'rey Midas' basaba su iniciativa en cambiar dinero (desde 100.000 pesos, casi 35 euros) por tarjetas prepago con el mismo valor. Con éstas sus clientes podían comprar, inmediatamente, desde cosas mínimas como un muñeco de felpa, hasta otras de mayor envergadura como la construcción de una casa, pasando por el pago de una cirugía estética o compras de billetes de avión a cualquier parte del mundo. Cinco o seis meses después, recibirían en efectivo entre el 70 y el 150% del coste de la tarjeta que originalmente compró.

Según ha declarado el general Orlando Páez Barón, director de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, la orden fue emitida para proteger a más de 200.000 personas que —según DMG— han invertido recursos en esta empresa. Lo que no aclaró es el argumento jurídico del Gobierno para ordenar el cierre de la misma. Las 59 sedes han sido clausuras en 51 municipios de 20 departamentos del país.

Estado de emergencia

Entre los colombianos, muchos ven en David Murcia Guzmán una suerte de salvador. "Mientras el Gobierno nos abandonó, él nos sostuvo y nos tendió la mano para que los pueblos no murieran", decía a semana.com uno de sus clientes. De hecho, hay quienes han hecho traducción libre de la sigla DMG y dicen "Dios Mío Gracias". Aunque otros más terrenales replican: "Dinero a Montón Gratis".

El Gobierno de Uribe ha decretado hoy el estado de "emergencia social" para hacer frente a la crisis ocasionada por la intervención de varias 'pirámides financieras' (captadoras ilegales de dinero), cuyos propietarios huyeron con el dinero de miles de personas. El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, ha anunciado que dicho estado permitirá al Ejecutivo decidir medidas de urgencia por un plazo inicial de 30 días.

Según publica el diario El Tiempo de Colombia, estas medidas podrían ser cuatro. La primera, elevar la pena del delito de captación ilegal de dinero para que no sea excarcelable. La segunda norma consistiría en convertir en delito, con pena no excarcelable, "la conducta de no devolver la totalidad del dinero a los ahorradores". La tercera pretendería establecer "un proceso administrativo ágil para devolver los dineros". Y la cuarta, la más polémica, pasaría por plantear una regulación que facilite el acceso de los más pobres a los servicios de las instituciones financieras formales.

Según Valencia Cossio, "la idea es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros, para evitar la defraudación". Según cifras oficiales, en los últimos tres años funcionaron en el país al menos 240 de esas compañías piratas que pudieron recaudar unos 800 millones de dólares ofreciendo triplicar los fondos y quebraron al no poder cumplir su oferta.

• Comunicado de David Murcia Guzmán (parte 1 y parte 2)