Madrid.- La CEOE reclamó hoy al Gobierno medidas urgentes ante la "gravísima situación" de los mercados financieros y de la economía de las empresas, entre las que incluye la flexibilización del despido y que se mantengan dos años más las bonificaciones por la conversión de contratos indefinidos.
La CEOE reclamó hoy al Gobierno medidas urgentes ante la "gravísima situación" de los mercados financieros y de la economía de las empresas, entre las que incluye la flexibilización del despido y que se mantengan dos años más las bonificaciones por la conversión de contratos indefinidos.
La Junta Directiva de la patronal española ha aprobado un documento en el que propone más de una veintena de medidas ante la crisis, entre las que también pide que el Estado avale préstamos para la urbanización de suelo con destino a la construcción de viviendas protegidas.
Los empresarios instan al Gobierno a que establezca una nueva categoría de vivienda, que sería inicialmente libre y se calificaría como protegida en el momento de vender, y cuyos adquirientes contasen durante un tiempo determinado con un tipo de interés en su préstamo que no suba por encima del que hoy se aplica a la vivienda protegida, asumiendo el Estado el diferencial.
Además, la CEOE propone un plan estratégico de incremento de inversión en infraestructuras que se apoye, si es necesario, en la financiación privada.
En este sentido, que la actividad constructora tiene un "notable efecto inductor o de arrastre" sobre el resto de la economía, y porque las infraestructuras son necesarias para toda la actividad y para mejorar la capacidad de crecimiento a largo plazo.
Entre las medidas para paliar la destrucción de empleo y el aumento del paro, la CEOE considera necesario que durante el periodo de crisis se mantengan las bonificaciones a las empresas por las conversiones de contratos temporales en indefinidos, y cree que se debe además aumentar la cuantía de este programa.
Se defiende, asimismo, una medida excepcional de prórroga de las bonificaciones para aquellos contratos cuyos incentivos terminen en 2008 y 2009.
La patronal reclama, por otro lado, que la referencia para el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sea "el IPC previsto". En España, no obstante, no hay IPC previsto, sino el objetivo de inflación que marca el Banco Central Europeo, que es del 2 por ciento.
Para la CEOE, hay que evitar aumentos del SMI "eleven el suelo salarial" para la negociación colectiva de los aumentos retributivos y, al mismo tiempo, de las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social.
También solicita una reducción de las cotizaciones sociales empresariales, una propuesta que cree que es posible considerar si se tiene en cuenta que los Presupuestos de 2009 estiman un excedente por cotizaciones sociales en torno a 8.000 millones de euros.
La CEOE propone que se reduzcan las cotizaciones por determinadas contingencias, o que se extiendan las bonificaciones actualmente vigentes para trabajadores de 59 a 64 años al tramo de trabajadores de 55 a 58 años.
La organización que preside Gerardo Díaz Ferrán reclama, por otra parte, que "todas las administraciones" paguen puntualmente las contraprestaciones económicas por la compra de bienes y servicios, así como las contratas.
En el documento, los empresarios señalan que hasta que se normalicen los mercados financieros y se restablezca el crédito para el capital circulante -para funcionar- de las empresas, son necesarias medidas urgentes que palíen el problema de liquidez de las compañías.
Además de urgir "procedimientos" que agilicen el acceso al crédito de las empresas, la CEOE insiste en que la Agencia Tributaria debe autorizar el aplazamiento o fraccionamiento del pago de los principales impuestos, como el IVA, Sociedades y el IRPF.
Para ello, la patronal considera que los aplazamientos o fraccionamientos del pago de impuestos deben aprobarse sin que se elabore cada expediente individualmente y sin que se exijan a las empresas ni garantía ni intereses de demora.
Para la CEOE, sería especialmente beneficioso un aplazamiento por doce meses de las liquidaciones mensuales o trimestrales del IVA "mientras dure esta situación", e insiste en que se debe pagar este impuesto "tan pronto como se cobre" la prestación económica de las administraciones y no antes.
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