Quito.- El juicio que pobladores de la Amazonía ecuatoriana instauraron contra la multinacional Texaco cumple hoy 15 años sin que se haya llegado a una solución en un caso en el que están en juego millones de dólares.
La querella de 30.000 pobladores de la Amazonía ecuatoriana contra Texaco por daños ambientales en las provincia de Orellana y Sucumbíos, comenzó el 3 de noviembre de 1993.
La querella de 30.000 pobladores de la Amazonía ecuatoriana contra Texaco por daños ambientales en las provincia de Orellana y Sucumbíos, comenzó el 3 de noviembre de 1993.
Ese día, 15 personas, entre colonos e indígenas Cofanes, Secoyas y quichuas de Orellana y Sucumbíos, mediante una "acción de clase", presentaron una demanda contra la petrolera Texaco en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, acusándola de haber contaminado el ambiente y afectado a la salud de la gente.
Ello porque los demandantes consideran que Texaco usó tecnología barata y obsoleta durante la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana desde 1964 hasta 1990.
Posteriormente, cientos de personas apoyaron la demanda y conformaron el Frente de Defensa de la Amazonía el 16 de mayo de 1994, que asumió la representación de los afectados.
Una vez consolidado el Frente se promovieron alianzas con agencias internacionales de cooperación y con otras organizaciones internacionales.
El 16 de agosto de 2002 la Corte de Apelaciones de Nueva York resolvió enviar el caso a Ecuador, el 7 de mayo de 2003 se presentó la demanda en la Corte Superior de Nueva Loja, y el 21 de octubre de ese año miles de afectados se movilizaron a la ciudad de Nueva Loja para participar en la audiencia de inicio al juicio.
El Frente de Defensa asegura que ello convirtió al caso en "único en el mundo donde gente directamente afectada es capaz de someter a la justicia de su país a una poderosa compañía petrolera trasnacional" a la que reclaman hasta 16.000 millones de dólares en indemnizaciones.
En un comunicado con motivo de los 15 años del juicio, Texaco señala que "ha sido objeto de persecución por estudios jurídicos norteamericanos en busca de multi-millonarias recompensas".
Añade que "los demandantes han corrompido el proceso judicial para convertirlo en un show mediático y promueven la intervención del Gobierno en la justicia".
Recuerda que Texaco Petroleum operó hasta 1990 y fue socia minoritaria (37,5 por ciento) del consorcio que mantuvo con la empresa estatal CEPE (ahora Petroecuador) que fue dueña del 62,5 por ciento de las acciones.
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