Miami (EE.UU.).- El juicio por el "caso del maletín" contra el empresario venezolano Franklin Durán, acusado de actuar ilegalmente en EE.UU. como agente del Gobierno de su país, entrará mañana en su etapa decisiva al presentar sus conclusiones la Fiscalía Federal y la defensa.
Reproducción fotográfica del dibujo oficial de la corte que muestra al empresario venezolano Franklin Durán (d), durante la audiencia en el "caso del maletín" del pasado 18 de septiembre.
Durán, de 41 años, afronta cargos por seguir presuntamente órdenes del Gobierno del presidente Hugo Chávez, junto con otros tres venezolanos y un uruguayo, para silenciar el origen y destino de un maletín con 800.000 dólares incautado al empresario Guido Antonini Wilson en un aeropuerto de Buenos Aires en 2007.
Ese dinero supuestamente provenía de la empresa estatal PDVSA de Venezuela y era un aporte a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández, una aliada de Chávez, según varios testigos de la Fiscalía, aunque los Gobiernos de ambos países han negado estar involucrados.
El fiscal Thomas Mulvihill y el abogado de Durán, Edward Shohat, deben presentar sus alegatos finales, posiblemente mañana, y después la juez Joan Lenard instruirá a los miembros del jurado para que comiencen a deliberar.
El jurado debe emitir un veredicto por unanimidad en los dos cargos contra Durán: conspirar y actuar como un agente de un Gobierno extranjero, el venezolano, sin notificarlo a las autoridades estadounidenses.
Marc Seitles, abogado no relacionado con el caso, dijo a Efe que en el sistema judicial federal se tiene que emitir un veredicto por unanimidad, "es decir, no se puede declarar la culpabilidad o inocencia con una votación de, por ejemplo, once a uno".
"En caso de que el jurado no pueda determinar la culpabilidad o inocencia en uno de los casos, se tendría que ir a otro juicio por esa acusación", precisó el letrado.
De ser declarado culpable en el juicio que se le sigue en Miami, Durán afrontaría una condena máxima de 15 años de cárcel por las dos acusaciones.
Según los fiscales, el acusado viajó a Miami en varias ocasiones por instrucciones de la Disip, el servicio de Inteligencia de Venezuela, para convencer al venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson de que no revelara la procedencia de los 800.000 dólares ni su destino.
Mulvihill llamó al estrado a dos de los acusados que se declararon culpables, Moisés Maiónica y Carlos Kauffmann, y a Antonini, su testigo estrella.
Los tres mencionaron a Durán como el presunto enlace del Gobierno venezolano para persuadir a Antonini de que guardara silencio.
Antonini, que no está acusado en el caso, grabó para la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) varias conversaciones con Durán y los otros cuatro involucrados.
Por su parte, Shohat alega que su cliente sólo trató de ayudar a Antonini, con quien mantuvo una amistad de 20 años.
El venezolano-estadounidense, según el abogado, quería involucrar a Durán en el caso y, una vez encarcelado, apropiarse de sus negocios y propiedades.
"Antonini seguía órdenes del FBI, amenazaba, pedía dinero y documentos para justificar los 800.000 dólares decomisados en Buenos Aires, a petición de los agentes. Es un montaje", dijo.
Con este alegato intentó que la juez Lenard desestimara el juicio pero no lo logró, aunque la magistrada sí permitirá que diga al jurado que su cliente cree que el Gobierno de EE.UU. le montó una trampa.
Para demostrar que Durán supuestamente estaba acostumbrado a participar en actos ilegales, la Fiscalía pidió que el jurado escuchara varios casos de corrupción en los que habría participado con Kauffmann en Venezuela.
El fiscal sostuvo que Durán estuvo "dispuesto" a ayudar al Gobierno venezolano porque sabía que, de acallar el escándalo del maletín, sería "generosamente" recompensado.
"Lo hicieron porque su Gobierno se lo pidió, pero también porque, tal como lo habían experimentado desde hace diez años, el dinero de la olla de oro al final de este arco iris iba a ser tan abundante como siempre", expresó el fiscal.
En el juicio varios testigos involucraron en el caso a Chávez, a su ministro del Interior, Tarek El Aissami, al director de la Disip, Henry Rangel Silva, al presidente de PDVSA y ministro de Energía y Minas de Venezuela, Rafael Ramírez, y al ex vicepresidente Jorge Rodríguez.
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