La Oficina Antifraude se pone en marcha tras cuatro años de debates

Barcelona.-  El Parlament ha aprobado hoy, con el apoyo de PSC, ERC, ICV-EUiA y Ciutadans y tras cuatro años de debates, el proyecto de ley de la Oficina Antifraude de Cataluña, un organismo pionero entre las comunidades autónomas que se encargará de prevenir e investigar posibles casos de corrupción.

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(EFE)

En nombre del Govern, el conseller de Administraciones Públicas, Jordi Ausàs, ha destacado que la oficina será "garante de la transparencia en la administración" y no contribuirá a "engordarla", sino a evitar "los costes de la corrupción, que son tanto políticos como económicos".

CiU y PPC han votado en contra de la ley por considerar que este organismo se solapará con las funciones de la Sindicatura de Cuentas y que en la práctica será inútil.

Según la ley aprobada hoy, la Oficina Antifraude podrá investigar a las universidades publicas, a la administración de la Generalitat, a los entes locales, a los organismos, entidades y empresas públicas que dependen de ellas, e incluso la actividad administrativa del Parlament.

La Oficina estará "adscrita al Parlamento catalán", actuará "con independencia" de las administraciones públicas y su director será propuesto por el presidente catalán pero deberá ser elegido en el Parlament por una mayoría de tres quintos (81 diputados sobre 135).

El director de la oficina antifraude será elegido por un mandato de nueve años sin posibilidad de ser renovado, y su cargo será incompatible con pertenecer a entidades sin ánimo de lucro o ejercer en activo las carreras judicial y fiscal, entre otros impedimentos.

La ley precisa que la oficina ejercerá sus funciones "sin perjuicio de las que cumplen la Intervención General de la Generalitat, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas, el Tribunal de Cuentas o instituciones equivalentes de control".

El debate sobre la posibilidad de crear una Oficina Antifraude se remonta en primer lugar a diciembre de 2003, cuando PSC, ERC e ICV recogen este compromiso en el llamado Pacto del Tinell.

El 25 de febrero de 2005, y tras la polémica sobre el supuesto cobro de comisiones por la concesión de obras públicas, el Parlament se compromete, con la oposición de CiU, a crear una oficina antifraude dependiente del conseller en cap.

En marzo de ese año, el gobierno de la Generalitat crea un programa destinado a crear la Oficina Antifraude, y al final de esa legislatura el Govern aprobará un proyecto de ley para crearla.

Sin embargo, el anticipo electoral hizo imposible su aprobación y finalmente el proyecto ha tenido que ser retomado en este mandato.

Desde sus orígenes, el proyecto dio lugar a una polémica básicamente entre PSC y ERC sobre si debía investigar o no a los entes locales, y sobre de quién debía depender.

Aunque estaba previsto que los diputados de Ciutadans se abstuvieran por oponerse a que el director de la oficina debiera tener "la condición política" de catalán, finalmente han apoyado la ley después de que los grupos de la mayoría aceptaran que debía tener "vecindad administrativa" en Cataluña una vez sea designado.

En nombre del Govern, el conseller de Administraciones Públicas, Jordi Ausàs, ha destacado que la oficina será "garante de la transparencia en la administración" y no contribuirá a "engordarla", sino a evitar "los costes de la corrupción, que son tanto políticos como económicos".

En nombre de CiU, el diputado Lluís Corominas ha advertido de que este ente "no será útil", puesto que "no tiene competencias" - sólo podrá actuar en un ámbito "administrativo" y nunca "penal", ha dicho-, y ha destacado que la Oficina Antifraude no es siquiera un organismo previsto en el Estatut.

Por su parte, la diputada del PPC Belén Pajares ha afirmado que con este organismo "la trifulca entre instituciones está servida" por la confusión de funciones entre la oficina y otros organismos.

"No hay ninguna invasión de competencias de la Sindicatura de Cuentas", ha sentenciado el diputado David Pérez (PSC), en alusión a las críticas de esa institución al nuevo ente.

"No es una pantomima para cubrir el expediente ni una oficina de colocación de nadie", ha replicado el diputado de ERC Xavier Vendrell a las acusaciones que ayer lanzaron CiU y PPC contra su partido.