Argentina incorpora millonarios fondos con una polémica reforma que pone fin a la jubilación privada

Buenos Aires.-  Argentina se hará con millonarios fondos "frescos" si prospera la polémica reforma del sistema de jubilaciones anunciada hoy por el Gobierno, que pone fin a 14 años de gestión de administradoras de pensiones privadas en medio de la crisis financiera global.

La propuesta de traspasar los fondos de la jubilación privada a la estatal recibió el apoyo de los sindicatos y el rechazo unánime de las principales fuerzas de la oposición, mientras que expertos auguran millonarios juicios contra el Estado.

Desde el oficialismo se destaca que en estos 14 años los afiliados a la jubilación privada han perdido 5.000 millones de dólares, mientras que los bancos y aseguradoras dueños de las administradoras ganaron 12.000 millones por comisiones excesivas.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, pondrá la iniciativa a consideración del Parlamento en momentos en que su Gobierno cabila sobre cómo refinanciar millonarias deudas en mora y aliviar pagos por unos 20.000 millones de dólares que vencen el año próximo.

Se calcula que las diez Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) del país, entre ellas compañías de capital español, estadounidense y holandés, recaudan anualmente entre 4.000 y 4.700 millones de dólares, que con la reforma del sistema pasarían a las arcas públicas.

Las AFJP han acumulado en los últimos 14 años fondos por 98.000 millones de pesos (30.000 millones de dólares), de los cuales el 55 por ciento está colocado en bonos públicos y un 14 por ciento en acciones y activos privados que han sido castigados por la crisis internacional.

Los opositores destacan que las pérdidas de las AFJP, del 2,8 por ciento anual entre septiembre de 2007 y el mismo mes de este año, no suponen el fracaso del sistema y en todo caso se deben a la incertidumbre económica que provoca el Gobierno, como la manipulación de los indicadores oficiales de inflación.

Una parte de las inversiones de la jubilación privada son Préstamos Garantizados con fuertes vencimientos el año próximo y el resto son bonos a largo plazo (35 a 40 años) del millonario canje de 2005, con el que Argentina salió del cese de pagos de 2001, el mayor de la historia.

En este sentido, el traspaso de esas colocaciones al Estado aparece como una "refinanciación compulsiva" de títulos públicos, comentó a Efe el experto Jorge Colina, para quien los planes del Gobierno "están definitivamente mal".

Estas inversiones "no son de las compañías que los administran, sino de los futuros jubilados, que tienen derecho a reclamar por ello", agregó el investigador del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).

Parte de los bonos del canje de 2005 se ajusta por el índice oficial de inflación, sospechoso de ser manipulado hacia la baja, según denuncias que investiga la justicia desde comienzos de 2007.

El Gobierno ha firmado un convenio con Citigroup, Deutsche y Barclays para refinanciar los Préstamos Garantizados colocados entre inversores institucionales nacionales y extranjeros en 2000 y por un monto total de 13.400 millones de dólares.

Los mismos bancos extranjeros actúan como intermediarios para reestructurar bonos argentinos en cese de pagos por 20.000 millones (sin contar intereses) que están en manos de acreedores que no aceptaron la refinanciación de 2005.

El economista y diputado Claudio Lozano defendió la anulación de la jubilación privada porque "permitirá dotar de mayor solidez al Estado argentino" y colocar al país "en mejores condiciones" frente a la crisis financiera internacional.

"Celebramos que el Gobierno ponga la mirada en esta dirección, pero lamentamos que una vez más se haya perdido la oportunidad parlamentaria de forjar una unidad política con contenido para hacer la reforma", comentó el legislador.

La reforma que propone el Gobierno "es una especie de eutanasia" para las AFJP, que sufrieron "un proceso de desgaste" desde la severa crisis económica que estalló en 2001, comentó a su vez el experto Eduardo Curia.