El CGPJ rechaza revisar de oficio la suspensión al juez que retrasó una adopción entre lesbianas

MADRID.-  La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó hoy revisar de oficio la suspensión en sus funciones del juez de Primera Instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín Calamita, contra quien se adoptó esta medida después de que el Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad admitiera una la querella que presentó una mujer acusándole de retrasar "de manera maliciosa" el expediente para conseguir la adopción de la hija biológica de su compañera sentimental.

(EUROPA PRESS)

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó hoy revisar de oficio la suspensión en sus funciones del juez de Primera Instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín Calamita, contra quien se adoptó esta medida después de que el Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad admitiera una la querella que presentó una mujer acusándole de retrasar "de manera maliciosa" el expediente para conseguir la adopción de la hija biológica de su compañera sentimental.

La intención de Calamita era dejar en paréntesis dicha suspensión (que reduce su salario mensual a 1.200 euros) hasta que exista un pronunciamiento sobre la misma por parte de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, ante quien ha recurrido la suspensión de sus funciones.

El CGPJ considera que no se dan los requisitos para revisar de oficio su decisión, que fue adoptada en cumplimiento de las competencias propias del órgano de gobierno de los jueces, se informó a Europa Press en fuentes del Consejo.

El expediente discutido hoy por los nuevos vocales del CGPJ incluía un escrito del propio Ferrín Calamita en el que éste lamenta su precaria situación económica tras haber sido suspendido y asegura que se le está "condenando a trabajar en la economía sumergida" para poder dar de comer a su familia, compuesta por nueve miembros.

Explica en su escrito que los 1.200 euros que cobrará mientras siga suspendido apenas le dan para los gastos de alimentación de su familia, que los bancos no le conceden créditos en estas circunstancias y que, al seguir siendo juez, está sujeto a un régimen de incompatibilidades que le impide ganarse la vida.

"El interés general no impide que pueda seguir cobrando mis haberes hasta que haya sentencia. Es que si no, puede estar en esta terrible situación más de tres años", lamenta Ferrín en su escrito, al entender que, diga lo que diga el TSJ de Murcia sobre su caso, lo más probable es que tenga que ser el Tribunal Supremo el que entienda finalmente del asunto.

JUZGAR CREENCIAS RELIGIOSAS

"Tengo la conciencia muy tranquila y sé que no he cometido ningún delito. Ahora bien, desde otros parámetros meta-jurídicos evidentemente ya no puedo estar seguro", agrega Ferrín Calamita, que considera que en este caso se pretenden juzgar sus creencias religiosas "cuando las estadísticas dicen que más del 90 por ciento de los españoles se reconocen católicos".

Ferrín Calamita se siente discriminado frente a resoluciones del CGPJ que afectan a otros magistrados por casos similares. Así, cita a la juez de Málaga Pilar Caracuel Raya -contra quien el TSJ de Andalucía ha admitido a trámite una sentencia de prevaricación relacionada con un negocio de compra-venta de fincas-, cuya suspensión se ha postergado hasta un eventual auto de apertura de juicio oral contra ella.

"Como se ve, es un caso idéntico al mío", alega Ferrín Calamita, que añade que el fundamento de este trato discriminatorio se limita a que Caracuel pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mientras que él no está afiliado a ninguna asociación.

"Me han dicho altos cargos judiciales que me afilie a la APM, que las cosas cambiarían, pero me resisto a creer en tal politización de la justicia", agrega el sancionado.

Finalmente, el juez de Murcia pide que se deje sin efecto la medida de suspensión de empleo y sueldo dictada contra él al igual que el anterior consejo hizo con la juez de Denia (Alicante) Denia laura Alabau, que había sido sancionada con 305 euros por señalar que la Fiscalía se había convertido en un simple apéndice del Gobierno en lo que se refería a la defensa de los matrimonios entre personas del mismo sexo.