Pamplona.- La Junta de Jueces de Navarra, reunida hoy en la Audiencia Provincial para analizar la situación de la justicia española, ha aprobado un documento en el que se rechazan las "injerencias" de los poderes públicos y partidos políticos en el poder judicial.
Momento de la reunión que la Junta de Jueces, magistrados de juzgados unipersonales de Navarra, ha mantenido hoy en el Palacio de Justicia de Pamplona.
Estas "injerencias", señalan los jueces, en ocasiones exceden el derecho a la "sana crítica" de las resoluciones judiciales, pero son "especialmente preocupantes" en relación al procedimiento y la forma de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente.
Los jueces navarros han hecho un llamamiento a la opinión pública para que entienda que la huelga de hoy de tres horas "no persigue fines corporativos", sino "la dignificación y el buen funcionamiento de un poder del Estado que es esencial en la defensa y tutela de los derechos de todos los ciudadanos".
En el documento, los jueces se adhieren al acuerdo adoptado en Cádiz por los Jueces Decanos de España el pasado 8 de octubre, en el que se rechazan esas "injerencias" de los poderes públicos y políticos y se califican de "intolerables" las indicaciones desde ciertos sectores sobre la sanción que se debería imponer al juez Tirado por el caso Mari Luz.
Por otro lado, la Junta de Jueces de Navarra reclama la urgente creación de los órganos judiciales necesarios para que cada Juzgado soporte, única y exclusivamente, la carga de trabajo establecida en los módulos de entrada del CGPJ, así como que equipare la ratio de jueces por habitantes a la del resto de los países europeos.
Igualmente, reclama la dotación a cada órgano de los medios materiales y personales suficientes, en número y cualificación, para "igualar el poder judicial a los demás poderes del Estado, permitiendo que ejerza su función con la misma dignidad, eficacia y calidad que las demás administraciones".
Se exige además la creación de los oportunos sistemas informáticos que interconexionen las bases de datos judiciales entre sí y con las policiales, en toda España.
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