Caracas.- La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó hoy "honda preocupación" por el grave problema de inseguridad que sufre el país y "exigió" al Gobierno que, en el marco de la ley, garantice el derecho a la vida de los ciudadanos.
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) hizo una mención a las elecciones regionales y municipales de noviembre en la que además de constatar que sigue imperando un clima de "crispación" en el país, exhortan a las autoridades electorales a mantener la independencia y a cumplir la ley.
El planteamiento quedó recogido en el documento "Por la Vida y la Democracia" elaborado durante la XXXVIII Asamblea Extraordinaria Plenaria de la CEV y divulgado hoy.
Todas las encuestas, tanto las oficiales como las ordenadas por la oposición, coinciden en señalar el problema que más agobia a los venezolanos es el de la inseguridad.
La Organización de Estados Americanos (OEA) señaló a principios de octubre que el índice de criminalidad en Venezuela es de 45 muertes por cada 100.000 habitantes, solo superado en la región por El Salvador y Jamaica.
Los obispos también criticaron los gastos que el Gobierno está haciendo para reponer material militar obsoleto, principalmente en Rusia, y afirmaron que "no se justifica la enorme erogación de recursos de la nación en la compra de armamento".
El Gobierno ha explicado que la compra de ese material obedece a que Estados Unidos dejó de suministrar repuestos, con lo que buena parte del armamento de ese origen está inutilizado, y a que se están sustituyendo equipos con 40 y hasta 50 años de servicio.
La CEV dedicó un párrafo a la crisis financiera mundial y, sin considerar sus causas, señaló que "obliga al Gobierno a buscar soluciones con todos los sectores de la sociedad que puedan aportar ideas y propuestas valiosas y concretas para disminuir las consecuencias, especialmente sobre las clases menos favorecidas".
Además, los obispos reiteraron las críticas al paquete de 26 leyes emitidas por el presidente Hugo Chávez, al amparo de los poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional, señalando que, en su opinión, contienen "elementos" de carácter "estatizante, autoritario y centralizador".
Igualmente ven en ellas "rasgos" que califican de "anticonstitucionales" porque, en su criterio, otorgan al Gobierno potestades "para el control de numerosas áreas de la vida del país, en detrimento de las personas e instituciones, y cercenan múltiples derechos políticos y sociales de los ciudadanos".
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