Ourense.- El ex alcalde del municipio orensano de Calvos de Randín Antonio Rodríguez negó hoy haber ordenado a la empresa "Construcciones Suso Fernández" que iniciase las obras de un vestuario en una piscina pública, cuando todavía estaba abierto el concurso público para su adjudicación, y éste último dijo que las inició para no dejar en el paro a sus cuatro obreros.
El ex alcalde de Calvos de Randín Antonio Rodríguez Alonso, antes de iniciarse el juicio en el que es el único imputado en relación a la construcción del vestuario de la piscina municipal, denunciada en 2006 por el ahora senador Xosé Manuel Pérez Bouza (2d), que hoy acudió para testificar en el juzgado penal número 1 de Ourense.
Tanto el alcalde como el empresario comparecieron en la vista oral en el Juzgado penal número 1 de Ourense en la que el alcalde está imputado por las obras.
El alcalde indicó a Efe momentos antes del juicio que el constructor "comenzó las obras porque quiso" y rechazó haberlas ordenado, como se le acusa.
Añadió que las obras de las instalaciones municipales comenzaron en 2002, primero con un taller de empleo y luego con otras dos fases en las que se construyó la piscina y en 2006 el vestuario.
La obra de la piscina fue adjudicada a la empresa "Construcciones Suso Fernández" pero en relación a la del vestuario, el plazo para que concurrieran las empresas interesadas aún estaba abierto cuando la obra ya estaba casi rematada.
El senador Xosé Manuel Pérez Bouza, que compareció como testigo, ya que en 2006 era responsable comarcal del BNG en la comarca Baixa Limia y el que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, dijo que el presupuesto de la obra era de 97.000 euros.
Por su parte, el constructor afirmó que no recordaba quién le dio la orden de hacer la obra y añadió que puso a sus obreros a trabajar en ella "porque son muy buenos y no quería dejarlos en el paro".
Añadió que la orden de paralización de la obra ilegal le fue comunicada por la Diputación.
La Fiscalía le recordó que en su declaración durante la instrucción del sumario en el Juzgado de Bande, dijo que la paralización fue ordenada por el Ayuntamiento de Calvos de Randín.
El constructor explicó que tanto la Diputación como el Ayuntamiento le comunicaron la paralización judicial de la obra.
Por su parte, un ingeniero de la Diputación dijo que esa institución no mandó parar la obra "porque no consta que la construcción del vestuario estuviese autorizada".
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