Valencia.- El juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia ha declarado el auto de liquidación presentado por el grupo Sáez Merino el pasado día 8 al no poder cumplir con el convenio de acreedores acordado el año pasado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Un grupo de trabajadoras de la empresa textil "Saez Merino" escriben "No despidos Lois" sobre una bata durante una protesta en 2004 en el centro de Valencia .
La liquidación afecta a las cuatro empresas del grupo textil (General Garments SA, Sáez Merino SAU, Sáez Merino Sewing SAU y Sáez Merino Textile SAU), que cuenta con alrededor de 350 trabajadores en dos centros de producción, en Benaguasil (Valencia) y Daimiel (Ciudad Real).
Se ha decretado la suspensión de las facultades de administración y disposición de las sociedades sobre su patrimonio, la disolución de las mercantiles y el cese de los administradores, que serán sustituidos por los administradores concursales.
La resolución incluye la declaración del vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de los que consistan en otras prestaciones, así como la inscripción en el Registro Mercantil de la nueva situación de las sociedades.
La administración concursal tiene un plazo de quince días para presentar el plan de liquidación de las empresas del grupo, según el TSJCV, que añade que cabe recurso de reposición en un plazo de cinco días.
Según comunicaron representantes de la empresa a los sindicatos, el grupo ha acumulado una deuda de 99 millones de euros en los últimos cinco años, desde 2004 a 2008.
El procedimiento concursal del grupo concluyó en mayo de 2007 con la aceptación por las juntas de acreedores de los convenios propuestos, que consistieron en una quita del 30% de cada crédito ordinario y un plazo de cinco años para abonar el resto.
Los sindicatos han solicitado que se celebre una reunión con el juez encargado del procedimiento para que cuanto antes se designe a los administradores concursales.
El Sindicato Independiente ha recordado que en el último expediente de regulación de empleo se estableció una cláusula por la que se garantizaban indemnizaciones de 33 días por año trabajado y 22 mensualidades, con un tope de 55.000 euros, en el caso de que se produjeran nuevos expedientes.
Este sindicado, en un comunicado, se pregunta por qué dimitió o fue cesado el administrador único de la firma, Rafael Tormo, y si los 126 trabajadores afectados por el último expediente cobrarán dentro de plazo sus indemnizaciones.
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