Santiago de Compostela.- El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, ha asegurado hoy que la Administración del Estado "se equivoca" porque no piensa en los intereses de los gallegos, sino de las empresas que quieren acceder a la explotación de recursos hidroeléctricos en la cuenca del Miño-Sil.
El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana (dcha), prueba los menús que se distribuirán en los domicilios de las personas mayores, dependientes y en situación de exclusión social, hoy en Santago de Compostela.
Quintana consideró en declaraciones a los medios que desconoce el "grado de malestar, si es que lo hay" entre la Xunta y el Gobierno central por la tramitación por parte del Ejecutivo central de proyectos hidroeléctricos en el Miño-Sil.
El vicepresidente gallego señaló que la Consellería de Medio Ambiente ha actuado y ha paralizado proyectos del anterior Gobierno autonómico, por lo que manifestó que es "positivo" que la Xunta defienda sus intereses.
Quintana recordó cómo en su etapa en el Senado planteó la creación de una confederación hidrográfica Miño-Sil y fue rechazada y que, sin embargo, el trabajo "coherente" para conformar mayorías ha dado resultado y hoy esa demarcación es una realidad.
Para el número dos del Ejecutivo autonómico, en un Estado "descentralizado" es "lógico" que cada comunidad defienda sus intereses.
El titular de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, aseguró ayer que el Ejecutivo gallego "no va a autorizar ni permitir bajo ningún concepto" la instalación de nuevas centrales hidroeléctricas en ninguna cuenca hidrográfica de Galicia y aseguró que "nuestros informes" serán siempre "negativos" a ese respecto.
El Ministerio de Medio Ambiente (MARM) recordó horas después que la ordenación y concesión de los recursos hidroeléctricos de una cuenca intracomunitaria, como la de Miño-Sil, entra dentro de sus competencias y que la concesión de nuevos aprovechamientos debe hacerse en coherencia con el Plan de Cuenca.
El Ministerio señaló que las evaluaciones de impacto son un trámite que cuenta con amplia participación pública en la que se tramitan todas las alegaciones presentadas y cuentan con las suficientes garantías para minimizar los impactos y explicó que "un estudio no significa de antemano una aprobación".
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