Washington.- Bolivia dijo hoy que intentará convencer la próxima semana a Estados Unidos de que la lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad compartida, y demostrará con "cifras y números" los avances registrados en esta materia.
El presidente de Bolivia, Evo Morales (d), conversa con el vicepresidente, Álvaro Gracia Linera (c), y el ministro de Hacienda, Luis Arce (i) en Cochabamba, antes del inicio de una reunión con los gobernadores.
El Gobierno del presidente Evo Morales "no viene a rogar" a EE.UU. que amplíe los beneficios arancelarios, sino "a presentar su punto de vista técnico sobre la decisión de (Washington) de no darnos la extensión", dijo en una conferencia el ministro boliviano de Hacienda, Luis Arce.
Estados Unidos inició a finales de septiembre el proceso para suspender los beneficios arancelarios a La Paz por su presunta falta de cooperación contra el narcotráfico.
Ese programa, conocido como Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés), permite la entrada de gran parte de los productos bolivianos al mayor mercado del mundo sin el pago de impuestos aduaneros.
"Vamos a venir con números y cifras porque nos parece injusta la decisión (de EE.UU.) y vamos a demostrar que no solo tenemos respuestas políticas, sino también técnicas que están avaladas por organismos internacionales", explicó Arce.
El Gobierno de Bolivia, encabezado por su ministro de Hacienda, intentará así el próximo 23 de octubre, en una audiencia en el Departamento de Comercio Exterior de EE.UU., revertir la decisión de la administración de George W. Bush de eliminar las preferencias arancelarias a La Paz.
Otro argumento que esgrimirá Bolivia en esa reunión será el de que la lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad compartida y que, si los países productores tienen que hacer sus deberes, también las naciones consumidoras deben dar una respuesta adecuada a este problema.
Arce subrayó que hay una "expansión" del consumo de drogas en los países receptores y denunció que "no ha habido respuestas adecuadas", en clara alusión a EE.UU.
El titular de Hacienda, que calificó la decisión de Washington de "injusta", explicó que, en base al argumento estadounidense de que Bolivia no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico, también deberían sufrir reducciones y suspensiones otros países que se benefician actualmente de la ATPDEA.
Además de Bolivia, Estados Unidos concedió los beneficios arancelarios a Perú, Colombia y Ecuador.
El pasado 3 de octubre la Cámara de Representantes aprobó definitivamente la extensión de las preferencias arancelarias a los países andinos, que será de un año para Perú, Colombia y Ecuador, y de seis meses para Bolivia.
A pesar de ello, Washington inició el proceso para excluir a Bolivia de la ATPDEA, un programa que Estados Unidos mantiene desde 1991 con los andinos y cuya vigencia expiraba en diciembre.
Arce destacó que la suspensión de las preferencias arancelarias provocaría un incremento sustancial en el desempleo en Bolivia, un impacto negativo en las exportaciones y la quiebra de empresas privadas.
Bush tomó la decisión en medio de una crisis diplomática causada después de que el Gobierno de La Paz declarara "persona non grata" al embajador de Estados Unidos en el país, Philip Goldberg, a lo que Washington respondió con la misma moneda y expulsó al responsable diplomático boliviano, Gustavo Guzmán.
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