Quito.- El procurador general de Ecuador, Diego García, negó hoy que el Estado ejerza algún tipo de presión en el juicio que se ventila en este país en contra de la petrolera Chevron Texaco por presuntos daños ambientales.
El proceso ambiental contra la petrolera, que lleva una década, se sometió a la justicia ecuatoriana, luego que tribunales estadounidenses aceptaran la jurisdicción del país andino.
Las declaraciones de García, aparecidas en el periódico electrónico Ecuadorinmediato, las ofreció pocas horas después de que una Corte de EE.UU. negara una apelación presentada por Chevron-Texaco dentro de un caso por daño ambiental que se le imputa.
Explicó que el Estado no forma parte de ese proceso y que su intervención se dio anteriormente en otro ámbito judicial cuando esa petrolera, según García, pretendió que este entrara en un caso de arbitraje en Nueva York.
Anotó que es en la ciudad de Nueva Loja, también conocida como Lago Agrio, donde se discute este momento el proceso judicial emprendido por grupo de indígenas contra Chevron Texaco.
Indicó que se trata de un proceso judicial por daños ambientales en esa región del país, en que el Estado no es parte.
"La empresa pretendía que (el Estado) sea parte en el reclamo de indemnizaciones para que comparta el gasto eventual que tenga que hacer con Ecuador o la institución petrolera", indicó.
Señaló que el Estado no tiene responsabilidad en esos daños, al explicar que la petrolera Texaco (ahora Chevron) desarrollaba las operaciones ese momento.
"En este caso Petroecuador no tiene ninguna responsabilidad, para eso se celebraron varios contratos entre la empresa y la compañía Texaco que realizó alguna remediación en su momento, que fue aceptada, y el Ecuador, la República no está reclamando, no hace ningún reclamo", sostuvo.
La Procuraduría de Ecuador informó ayer en un comunicado que, de forma unánime, la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito de la ciudad de Nueva York descartó la apelación de la petrolera por considerar que "no tiene mérito alguno".
García anotó que "la República del Ecuador aprecia la consideración y el cuidadoso análisis que han realizado tanto la Corte de Distrito como la Corte de Apelación de Estados Unidos, al estudiar el caso".
Texaco solicitaba a la justicia de EE.UU. que trasladara a Ecuador la responsabilidad de un posible pago de indemnización, en caso de que perdiera un juicio por daño ambiental que se sigue en un tribunal ecuatoriano.
Unos 3.000 ecuatorianos, entre indígenas y colonos de la Amazonía, demandan a la petrolera por supuestos daños ambientales causados en esa región durante el periodo en el que extrajo crudo de Ecuador, entre 1965 y 1992.
Los demandantes acusan a Texaco de haber vertido millones de litros de residuos tóxicos, lo que habría generado enfermedades, como cáncer, a muchos habitantes amazónicos, además de graves daños al medio ambiente.
La petrolera niega, por su parte, las acusaciones y asegura que al finalizar sus operaciones en Ecuador ejecutó un plan de limpieza ambiental, que fue acogido entonces por el Gobierno ecuatoriano.
El proceso ambiental contra la petrolera, que lleva una década, se sometió a la justicia ecuatoriana, luego que tribunales estadounidenses aceptaran la jurisdicción del país andino.
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