Castilla y León, primera Comunidad que cuenta desde hoy por Ley con un Consejo del Diálogo Social

Valladolid.-  Castilla y León es desde hoy la primera Comunidad que cuenta, por ley aprobada por unanimidad del pleno de las Cortes regionales, con un Consejo del Diálogo Social, instrumento recogido en la última reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad, y consensuado con sindicatos y empresarios.

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(EFE)

Una de las votaciones celebradas esta mañana en el pleno de las Cortes de Castilla y León.

El proyecto de Ley de Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional es la primera norma que desarrolla la última reforma del Estatuto de Castilla y León y también es la primera fruto del propio diálogo social, ya que su texto fue consensuado por Junta, sindicatos y patronal el 7 de febrero.

Como "gesto" de apoyo a este nuevo órgano, el grupo parlamentario del PSOE, ha retirado 30 de las 34 enmiendas que había presentado al texto, aunque ha mantenido cuatro, una de ellas acordada con el PP para reconocer el papel de los partidos políticos en el diálogo social, y otras tres que reclamaban que sindicatos y patronal tuvieran presencia en las empresas públicas y fundaciones.

Esta representación institucional "contribuiría encauzar a estos entes -como Sotur, Fundación Siglo o la ADE- en la senda de la transparencia", ha afirmado el procurador socialista Óscar Sánchez, quien ha insistido en que no pretendía hacer de esto "casus belli".

Sánchez ha reprochado no obstante al PP y a la Junta que al acuerdo sobre el texto con sindicatos y patronal no haya seguido otro para poderlo consensuar en las Cortes regionales, foro al que compete la actividad legislativa.

Ha recordado que las enmiendas socialistas no iban dirigidas "ni contra el espíritu del Estatuto ni contra la esencia del Consejo", sino que pretendían aportar un espíritu constructivo y buscaban una mayor independencia, con un secretario general a su frente, que compareciera anualmente en las Cortes, y una clarificación de su estructura y funciones para no solaparse con el CES.

No ha compartido este análisis de sus enmiendas el procurador popular Raúl de la Hoz, quien ha encontrado cierta "esquizofrenia" en el comportamiento del PSOE, apoyando por un lado el texto consensuado con sindicatos y empresarios y enmendándolo por otro lado no en cuestiones superficiales sino de fondo, ya que afectaban a la naturaleza jurídica del Consejo, funciones e incluso nombre.

Los dos parlamentarios se han enzarzado en un debate sobre en qué comunidades los agentes sociales tienen cabida en las fundaciones o empresas públicas.

De la Hoz ha compartido con el vicepresidente económico del Gobierno, Tomás Villanueva, la importancia del diálogo social en Castilla y León, una "seña de identidad de la autonomía", en un proceso que de hecho funciona desde la llegada a la Junta de Juan Vicente Herrera, cuando el 9 de noviembre de 2001 se firmó el primer pacto sobre esta materia, y que ha propiciado la firma de 33 acuerdos con 15.000 millones aparejados.

Sánchez ha calificado de "profunda equivocación" que el PP haya pretendido "situar en un bando a todos firmantes del acuerdo y en el otro al PSOE como grupo enmendante", buscando "una voluntad de confrontación" que no ha existido.

El proyecto de ley ha sido presentado ante las Cortes por Villanueva, quien ha recordado que en los siete años de diálogo social en la Comunidad se ha mejorado el clima de confianza y se ha fortalecido la autonomía por medio de la cohesión social.

El Consejo del Diálogo Social se articula como el máximo órgano de encuentro y participación institucional entre sindicatos, patronal y Junta, adscrito a la Consejería de Economía, que actuará con plena independencia .

Entre las más de diez competencias del Consejo figuran las de definir las materias objeto del acuerdo social, aprobar acuerdos, evaluarlos y hacer un seguimiento de los mismos, realizar estudios, y conocer antes de su aprobación de la normativa de la Junta que afecte su ámbito, según ha recordado Villanueva.

También se encargará de los asuntos que afecten al diálogo social relativos a la política regional europea, las relaciones transfronterizas con Portugal y con el Estado.

Presidido por Herrera, tendrá como vocales al vicepresidente de la Junta y consejero de Economía, Tomás Villanueva, y a un representante, con el máximo rango, de las principales organizaciones sindicales y empresariales de la Comunidad.

Se compondrá de un Consejo y comisiones permanentes y especializadas y negociadoras, y para su funcionamiento contará con una subvención nominativa recogida en los presupuestos de la Junta.

El Consejo contará con una oficina técnica y en seis meses se aprobará el reglamento de funcionamiento interno.