Quito.- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, acusó hoy a la petrolera estadounidense Chevron-Texaco de promover una sanción contra Ecuador en el Congreso de EE.UU. para impedir que se beneficie de las preferencias arancelarias andinas (ATPDEA).
La petrolera estadounidense está sometida a un proceso judicial en Ecuador por supuestos daños ambientales causados en la Amazonía ecuatoriana, en el periodo en el que operó en esa región, entre 1972 y 1992.
La petrolera estadounidense está sometida a un proceso judicial en Ecuador por supuestos daños ambientales causados en la Amazonía ecuatoriana, en el periodo en el que operó en esa región, entre 1972 y 1992.
Correa, al referirse a la decisión que adoptó esta semana la Cámara de Representantes de EE.UU., de extender por un año las preferencias arancelarias en favor de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, aseguró que tiene información de que la petrolera ha gestionado la sanción, aunque no reveló la fuente de esa versión.
"Lamentablemente, Chevron-Texaco ha estado haciendo 'lobby' para sancionar a Ecuador con una extensión de apenas seis meses", es decir, la mitad de la prórroga del ATPDEA, indicó Correa, señala un reporte de prensa de la Presidencia en Quito.
Además, añade que la supuesta posición de la petrolera sería apoyada por un senador del Partido Republicano de Estados Unidos.
Sin embargo, Correa dijo que espera que no prosperen las presiones de la petrolera y que el Senado en Washington ratifique la ampliación del ATPDEA, que permite la entrada al mercado de EE.UU., sin aranceles, de muchos productos exportables de la región andina.
Correa también señaló que el ATPDEA "no es una dádiva o una caridad" para Ecuador, sino un justo estímulo por los esfuerzos que el país realiza para combatir el narcotráfico.
"¿Qué tiene que ver el problema judicial que, por contaminación ambiental, tienen entes privados ecuatorianos con esta trasnacional?", se preguntó Correa, tras ratificar que el caso que se sigue contra la petrolera en Ecuador "no es problema de inversión".
De su lado, Chevron difundió hoy en Quito un comunicado en el que "aplaude la extensión del ATPDEA, aprobada por el Congreso" estadounidense, aunque reprocha al Ejecutivo ecuatoriano por interferir en el proceso judicial.
Agrega que "es notable" que la Presidencia de Ecuador acepte que hay "una controversia entre entes privados ecuatorianos y una trasnacional", ya que ello supondría que el Gobierno de Quito ha aceptado que no debe interferir en el caso.
"Evidentemente se ha comprendido el grave problema que existe por la interferencia del Gobierno en la justicia, porque ha deslegitimado completamente el juicio" que se sigue en la Corte Superior de Justicia de Nueva Loja, en la provincia amazónica de Sucumbíos, señala Chevron.
Asimismo, recuerda que en unas notas de prensa del Gobierno emitidas en marzo pasado, se expresa el "respaldo" del Ejecutivo a las acciones legales de indígenas y colonos ecuatorianos contra Texaco y se compromete a respaldarlos con la recogida de pruebas.
Unos 30.000 indígenas y colonos, auspiciados por el Frente de Defensa de la Amazonía, mantienen una millonaria demanda contra Texaco por los daños ambientales que, aseguran, la petrolera dejó en esa región.
Los demandantes consideran que los residuos que dejó Texaco en la Amazonía ecuatoriana dieron origen a numerosas enfermedades, como casos de cáncer, e incluso de la desaparición de dos grupos indígenas y graves daños a otras comunidades.
Texaco, que fue comprada por Chevron, ha negado su culpa en la contaminación de la zona y ha asegurado que, tras acabar sus operaciones en Ecuador, hizo una limpieza eficaz.
La petrolera acusa a la empresa estatal Petroecuador, que tomó la posta de sus operaciones después de que abandonó el país, de ser la responsable de los daños ambientales.
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