Las Palmas de Gran Canaria.- Los alcaldes de Gran Canaria reclamaron hoy al Gobierno regional que la devolución que exige por la merma en la recaudación de tributos se fraccione en cinco años y que de ella se descuente la deuda histórica que se mantiene con los municipios por la asunción de competencias impropias.
De izquierda a derecha, los alcaldes de Gran Canaria Antonio Calcines, alcalde de Agaete; Francisco Valido, alcalde de Telde; Felipe Alfonso El Jaber, concejal de Las Palmas de Gran Canaria, en una reunión en 2005 en el Cabildo.
Así lo anunció hoy el comisionado de Gran Canaria de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Juan Díaz Sánchez, tras la reunión que celebraron con carácter de urgencia los alcaldes de la isla para adoptar medidas con el fin de paliar el déficit que presentan los ayuntamientos ante la crisis económica.
El alcalde de Agaete, Antonio Calcines, afirmó que los ayuntamientos "difícilmente" pueden hacer frente en tres años a la devolución de los ingresos que se les reclama, y consideró que la situación anormal que genera la coyuntura económica permite modificar la ley que impide aplazar los pagos en más de tres anualidades.
Sólo en el caso de Guía, las devoluciones que reclama el Gobierno suponen el 50 por ciento de los fondos que el municipio percibe del Régimen Económico y Fiscal (REF), según afirmó su primer edil, Fernando Bañolas.
La comisión insular de Gran Canaria de la Fecam propuso la creación de un grupo de trabajo para valorar y cuantificar el coste efectivo de las competencias impropias que prestan los municipios en materia de servicios sociales, y cuyo coste estiman en un 30 por ciento de sus presupuestos.
Además, instó a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias a que, en unión de la Fecam y la Federación Canaria de Islas, se diseñen estrategias de actuación conjunta para paliar los efectos de la crisis económica ante el descenso de ingresos en las corporaciones locales.
Solicitó también al Gobierno de España que devuelva a la Comunidad Autónoma de Canarias la parte retenida del extinto Impuesto por el Tráfico de Empresas y que un 70 por ciento de ese importe se destine a financiar a las corporaciones locales canarias.
En cuanto a la reforma de los criterios de distribución de los recursos del REF, pidió que los cabildos y ayuntamientos participen en un 50 por ciento, en lugar de en un 40 por ciento, ya que en la actualidad la comunidad autónoma percibe el 60 por ciento restante.
Los alcaldes reclaman también que se impulse la aprobación de una moratoria en la aplicación de la normativa sobre el cumplimiento de los requisitos del Fondo Canario de Financiación Municipal, de manera que no se penalice con el 10 por ciento a los ayuntamientos que, por causas justificadas, no puedan cumplir los objetivos.
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