La Paz.- El defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, mostró hoy su preocupación por sus compatriotas que huyeron a Brasil luego del estado de sitio declarado en la región de Pando (norte), donde se produjeron violentos choques que causaron la muerte de al menos 18 personas.
Por otro lado, afirmó que, además, ha pedido al Gobierno de Evo Morales que no mantenga incomunicadas a las personas que han sido "confinadas" por alterar el estado de sitio decretado en Pando.
"Me preocupa la gente que está fuera de Bolivia, en Brasil, si bien la decisión de qué hacer con ellos compete al estado brasileño", dijo Albarracín en conversación con Efe.
En Pando se produjeron el pasado 11 de septiembre los peores episodios de la ola de violencia entre partidarios del Gobierno de Evo Morales y opositores autonomistas, lo que derivó en la declaración del Estado de sitio en esa región.
El Gobierno detuvo al entonces prefecto pandino Leopoldo Fernández y después cientos de opositores huyeron desde la ciudad fronteriza de Cobija, la capital pandina, al vecino Brasil.
El Defensor admitió que no sabe exactamente cuántos son los huidos, aunque señaló que cuando él visitó la zona hace dos semanas encontró entre 150 y 200 bolivianos en el lado brasileño.
"Se manejan diferentes cifras, se dicen 1.000, se habla de 400", dijo Albarracín, al tiempo que señaló que "el Estado brasileño va a tener que trabajar muy fuerte" para definir en qué medida son perseguidos políticos o delincuentes vinculados a los crímenes en esa región.
Agregó que si los huidos solicitan la condición de refugiados políticos en Brasil, lo que corresponde es que las autoridades de ese país hagan las consultas sobre cada uno de los casos.
Por otro lado, afirmó que, además, ha pedido al Gobierno de Evo Morales que no mantenga incomunicadas a las personas que han sido "confinadas" por alterar el estado de sitio decretado en Pando.
Relató que él mismo ha visitado a 15 de los confinados en La Paz, de quienes dijo que "están bien" y no le han denunciado torturas, como algún parlamentario opositor ha manifestado.
Explicó que los confinados no son detenidos ni encarcelados, sino personas que han sido apartadas de su lugar de origen "no por delincuentes", sino por "alterar el orden" donde ha sido decretado el estado de sitio.
"Eso no significa que sus Derechos Humanos estén en suspenso", enfatizó el Defensor al señalar que, en su criterio, "esas personas no puede ser incomunicadas" y "tiene derecho, por ejemplo, a recibir visitas de sus familiares" o a la asistencia de abogados.
Para Albarracín, "lo ideal, simplemente, es controlar que esas personas no repitan los actos en los que estaba incurriendo" y, según su opinión, eso es incluso compatible con que se les instale una línea telefónica en su lugar de confinamiento.
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