Santiago de Compostela.- El Parlamento gallego admitió hoy a trámite con los votos del BNG y del PSdeG la Ley de Servicios Sociales de Galicia, un proyecto de ley que el PP consideró "papel mojado" que sirve para aumentar los "chiringuitos y la burocracia".
El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, durante una intervención.
El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, aseguró durante la presentación del proyecto legislativo que supondrá un paso "importantísimo", ya que asienta el "marco legal" para la puesta en servicio del Sistema Gallego de Bienestar, un sistema "público, nacional y propio".
Quintana explicó que esta ley supone un cambio en el "centro de gravedad" de las políticas públicas, ya que deja "atrás la beneficencia y el asistencialismo" y los cambia por "derechos".
Para el número dos del Ejecutivo autonómico, el Sistema Gallego de Bienestar representa que los ciudadanos, más allá de tener reconocidos sus derechos, puedan ejercerlos, pues incorpora "nuevas herramientas", que son "innovadoras", como la "tarjeta social" y el "profesional de referencia", precisó.
Además, el proyecto de ley prevé la creación de la Agencia Gallega de Servicios Sociales y la elaboración de un Plan Estratégico de Servicios Sociales, que se efectuará cada seis años.
Según explicó Quintana, esta ley es el resultado de poner el autogobierno "al servicio del país" y destacó que pretende aumentar el bienestar de los 2,7 millones de gallegos, no sólo de un colectivo determinado, ya sea el de los dependientes, los mayores o cualquier otro.
El vicepresidente gallego destacó que con esta nueva ley apuesta por la "colaboración interinstitucional", una apuesta "creíble", en la medida en que la Xunta y los municipios ya colaboran en organismos como el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, al que están adheridos "más de 260 ayuntamientos" así como la red pública de centros de día.
La diputada del PPdeG Marta Rodríguez, que defendió una enmienda de totalidad que fue rechazada, sostuvo que el proyecto de ley aprobado hoy es "papel mojado" porque, a su juicio, "no garantiza las prestaciones y carece de memoria económica".
"Sin dinero no hay servicios. Esta ley es la muestra de las políticas de la Xunta, que se gasta más en imagen y propaganda que en solucionar problemas", afirmó.
Para Rodríguez, el proyecto de ley defendido por Quintana servirá para "montar nuevos chiringuitos, aumentar la burocracia y despreciar a los ayuntamientos", por lo que pidió al vicepresidente que "abandone la fábula y baje al terreno", ya que en los tres años de gobierno lo único que ha hecho mejor que el anterior Ejecutivo es la "propaganda".
La diputada del PPdeG rechazó las acusaciones de "fomentar la confusión y el alarmismo" de las que le acusó Modesta Riobó (BNG) y se preguntó "dónde está el sistema gallego de bienestar, porque nadie lo ve, sólo los del BNG".
Rodríguez criticó a Quintana por retirar la obligación a los ayuntamientos de destinar el 7 por ciento anual de sus presupuestos a servicios sociales, mientras que el vicepresidente explicó que en la exposición de motivos la ley marca la voluntad de alcanzar un compromiso de esfuerzo público que, a medio plazo, se puede fijar en torno a ese porcentaje.
La ley establece como obligación que los presupuestos anuales de cada ejercicio incorporen las correspondientes previsiones para atender las necesidades de los servicios, programas y prestaciones previstos en el plan estratégico para cada ejercicio presupuestario.
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