Quito.- La compañía petrolera estadounidense Chevron acusó de "interferencia judicial" al Gobierno de Ecuador en el litigio que mantienen la petrolera y demandantes medioambientales de la Amazonía ecuatoriana.
Los demandantes de varias comunidades indígenas acusan a Texaco, ahora Chevron, de daños medioambientales cometidos por la petrolera en este proceso que lleva abierto más de seis años.
En un comunicado enviado a Efe, Chevron rechazó y calificó de "alejadas a la verdad" las declaraciones que hizo en Estados Unidos el pasado miércoles el procurador general de Ecuador, Diego García Carrión, en las que explicó que la Fiscalía (ecuatoriana) comenzó una investigación penal en el litigio.
Los demandantes de varias comunidades indígenas acusan a Texaco, ahora Chevron, de daños medioambientales cometidos por la petrolera en este proceso que lleva abierto más de seis años.
Chevrón aseguró hoy que "la reapertura de la causa por el Fiscal se produjo en respuesta a la orden expresa del Presidente de la República, Rafael Correa".
La petrolera argumenta que la reapertura de la causa omite que dos fiscales Generales de Ecuador, anteriormente, habían concluido que "no hay indicio alguno de responsabilidad penal" tras el acuerdo que hace 10 años exoneró a Chevron de toda responsabilidad ambiental y que "completó la remediación de los campos a su cargo".
A juicio de la petrolera "ha sido indudable el intento por intimidar a la compañía, evadir las obligaciones contractuales del Estado ecuatoriano y minar aún más la validez del proceso judicial en el Ecuador".
"El resultado final ha sido una farsa judicial y una sistemática negación de los derechos de Chevron", dijo la petrolera, que "exige imparcialidad y justicia de la función judicial, y que los convenios y acuerdos firmados sean respetados por el Estado Ecuatoriano".
García Carrión había explicado que la investigación de la Fiscalía "no solo incluye a los trabajadores de Texaco (Chevron), sino también a funcionarios del Gobierno ecuatoriano", como el ex ministro de Energía y Minas, Patricio Rivadeneira, y el ex directivo de Petroecuador, Ramiro Gordillo.
E indicó que "lo que hace Ecuador es manejar estos procesos dentro del marco de la legalidad. No hay persecución".
Sin embargo, la petrolera insistió en "la interferencia gubernamental en el proceso judicial".
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