Madrid.- Cadáveres anónimos que nadie reclama o abandonados en descampados, víctimas de ajustes de cuentas, enterrados o quemados por sus asesinos, inmigrantes que fallecen en alta mar... Son más de mil cuerpos inhumados en fosas comunes y que, a día de hoy, esperan a que se les pongan nombres y apellidos.
Imagen del laboratorio central de Criminalística de la Guadia Civil.
Desde los años 80, y sólo en la demarcación de la Guardia Civil, cerca de un millar de cadáveres siguen sin identificar, a pesar de los esfuerzos de la policía científica y de las modernas técnicas de identificación por ADN.
Un arduo trabajo de investigación forense que ha cobrado protagonismo en los días posteriores al accidente aéreo de Barajas, pero que se realiza a diario en las unidades de necroidentificación de la Policía y de la Guardia Civil, no siempre con éxito.
Tal y como ha explicado a EFE el jefe del laboratorio central de Criminalística de la Guardia Civil, Francisco Montes, siempre que se localiza un cadáver del que se desconoce su identidad se pone en marcha un protocolo que arranca con la toma de huellas dactilares.
En el caso del siniestro del avión de Spanair y gracias al estudio de las huellas dactilares, la Guardia Civil pudo poner nombre y apellido a 59 de las 154 víctimas del accidente el mismo día de la tragedia.
Se trataba de aquellos cuerpos que no quedaron muy afectados por el incendio que se desató tras el desplome del avión, ya que el fuego borra prácticamente cualquier vestigio de huella dactilar.
No obstante, en ocasiones es posible recuperar parte del dibujo de la huella por medio de la hidratación de la yema del dedo.
De forma paralela, los investigadores elaboran un exhaustivo informe que recoge los datos antropométricos del cuerpo: estatura, peso, posibles cicatrices, lunares, marcas de nacimiento o tatuajes.
En determinados casos también se toman fotografías del rostro para compararlas con una base de datos conjunta de Policía y Guardia Civil, aunque este procedimiento no aporta habitualmente datos significativos.
Si ninguna de estas pesquisas da resultado y no es posible relacionar el cadáver con ninguna de las personas desaparecidas o buscadas por las fuerzas de seguridad, los investigadores pasan a estudiar la ficha dental.
Se analizan las piezas que faltan, si hay arreglos, empastes o implantes, y se cotejan con radiografías o informes odontológicos facilitados por los familiares.
Sólo si fallan estas tres líneas de investigación se decide realizar un análisis de ADN.
En el accidente de Barajas, se decidió pasar directamente a esta última fase en aquellos cuerpos en que no fue posible el cotejo de sus huellas dactilares.
La muestra de ADN puede conseguirse de todos los tejidos blandos, aunque en los esqueletos se acude directamente a la pulpa dentaria.
Los dientes soportan muy bien el fuego y la humedad, dos de los elementos "más perniciosos" para el trabajo de identificación.
También se emplean los huesos largos o el esternón, por su resistencia al paso del tiempo.
La base de datos estatal de ADN cuenta ya con 60.000 entradas, entre cadáveres sin identificar, delincuentes fichados e indicios forenses encontrados en escenas de crímenes y que pueden ayudar a localizar a su autor.
Para ello sirven colillas, restos de piel, pelo o cualquier otro resto biológico.
El archivo de ADN no para de crecer debido a nuevos fenómenos como la inmigración irregular, el constante flujo de personas entre fronteras y la actuación criminal de bandas de origen extranjero.
Además, en 1998 se puso en marcha el proyecto "Fenix", con el objetivo de localizar a ciudadanos desaparecidos.
Desde entonces, se ha conseguido identificar 150 cadáveres gracias a los muestras de ADN cedidas por sus familiares.
Cada prueba de ADN tiene un coste económico aproximado de unos 80 euros y siempre es necesario hacer dos análisis completos para obtener una mayor fiabilidad.
Un coste "alto" y un arduo trabajo de laboratorio que, según los expertos, hace inviable la creación de una base de datos de carácter general, como ocurre, por ejemplo, con el sistema automático de identificación de huellas dactilares procedente del DNI.
En este sentido, el jefe del laboratorio de criminalística de la Guardia Civil tampoco considera "viable" que los laboratorios de las fuerzas de seguridad se encarguen de los miles de estudios de ADN que pueden derivarse de la búsqueda de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
Francisco Montes alerta además de que el análisis de restos de aquella época es mucho más laborioso, tanto por la degradación de las muestras como por los "vínculos familiares complejos" que hay que establecer para su identificación.
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