España aprueba un Plan que animará a los inmigrantes sin empleo a volver a sus países

Madrid.-  El Gobierno de España aprobó hoy un plan con el que animará a los inmigrantes no comunitarios que se hayan quedado sin trabajo a que cobren el subsidio de desempleo y regresen voluntariamente a sus países de origen.

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(EFE)

El ministro de Trabajo e Inmigración español, Celestino Corbacho, tras la reunión del Consejo de Ministros.

El llamado 'Plan de Ayuda al Retorno Voluntario' tendrá "carácter permanente", dijo el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en una rueda posterior al consejo ministerial que aprobó la medida y en la que explicó que la iniciativa es un nuevo instrumento en la gestión de los flujos migratorios.

Según sus cálculos, la cifra de potenciales beneficiarios de la medida asciende a 87.000, con una duración media de la prestación del paro que oscila entre los 6 y los 18 meses.

España ha recibido en los últimos años un número importante de inmigrantes procedentes principalmente de Latinoamérica, Marruecos y del este europeo y muchos de ellos se han visto afectados por la crisis económica que vive el país, especialmente en el sector de la construcción.

El plan permitirá a los inmigrantes desempleados percibir la prestación en dos plazos: el 40 por 100 en España, una vez acogidos al Plan y reconocido su derecho, y el resto en el país de origen treinta días naturales después del primer pago.

La medida está destinada a inmigrantes de 19 países con los que España tiene firmados convenios bilaterales en materia de Seguridad Social, pero deja abierta la opción de negociar con otros países interesados si garantizan cierta cobertura sanitaria y social.

El ministro recordó que los desempleados pueden capitalizar su subsidio al desempleo para montar una empresa o cobrar la prestación mes a mes hasta agotarla, dos opciones que se mantienen sin distinción de origen de los residentes y a las que ahora se añade esta nueva.

Para ello, el inmigrante se comprometerá a no volver a España en un plazo de tres años, pero si regresa -dijo- "recuperará íntegramente los derechos que hubiera acumulado".

Corbacho aseguró que "se trata de que si una persona retorna no pierda ningún derecho que había conseguido y que se entienda como una oportunidad para que la persona pueda emprender una nueva actividad en su país".

La idea del Gobierno es que el Plan facilite las "migraciones circulares", que permiten a los inmigrantes decidir su estancia en España o en su propio país, según las oportunidades laborales existentes.

Poco después de la aprobación del Plan, la presidenta de la Asociación ecuatoriana "Rumiñahui", Dora Aguirre, dijo a Efe que considera "poco efectiva" la medida y que, además, no garantiza el retorno "porque el Gobierno se reserva el derecho" de permitir el regreso de las personas que se acojan.

Según Aguirre, el monto que pueda percibir un trabajador como subsidio, un promedio de 7.000 euros (9.900 dólares) -según su estimación-, "no es atractivo" porque a eso hay que sumarle costos como el desplazamiento de una familia.

La presidenta de "Rumiñahui" expresó que el sentir de los inmigrantes es que "a pesar de la crisis" están mejor en España que en sus propios países porque en ellos "no tienen trabajo ni vivienda dignos, estado de bienestar ni condiciones adecuadas para la educación de los hijos".

En la localidad de Lorca (Murcia, sureste) -donde viven unos 2.000 bolivianos, 8.000 ecuatorianos y unos 6.000 marroquíes- el cónsul de Bolivia, Nicolás Dávila, reconoció la víspera que la crisis española afecta a sus compatriotas, que están perdiendo sus empleos y se plantean regresar a casa.

Y en Madrid, el pasado miércoles, el embajador de Ecuador, Nicolás Issa Obando, reconoció que sus compatriotas trabajadores en la construcción "tienen problemas para mantener sus puestos de trabajo" debido a la crisis económica.

El embajador cifró en 23.579 los ecuatorianos asentados en España que reciben hoy el subsidio de desempleo y añadió que si se tiene en cuenta que una familia está formada por una media de cuatro personas, "más de 90.000 ecuatorianos estarían afectados por la crisis".