Valencia.- El centro penitenciario de Picassent (Valencia) ha recibido 75 nuevos funcionarios y tiene previsto trasladar a entre 400 y 500 de sus internos a la nueva prisión Castellón II, en Albocásser en menos de seis meses, según ha informado el director del centro, Ramón Cánovas.
El director del centro penitenciario de Picassent (Valencia), Ramón Cánovas (i), junto al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta (d), con quien se ha reunido esta mañana.
Antes del final de este mes, llegarán a Albocásser un total de 120 presos procedentes de Picassent, según ha informado hoy Ramón Cánovas, quien ha reclamado una mayor implicación de las ONG en las tareas de reinserción de los internos.
Cánovas ha realizado estas declaraciones tras entrevistarse con el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, tras su reciente nombramiento como responsable de la prisión valenciana el pasado mes de junio.
Preguntado por las críticas de los sindicatos ante la falta de funcionarios en el centro, ha anunciado que hasta 500 reclusos se trasladarán a Albocásser antes de seis meses, de los que 120 lo harán antes del final de este mes.
El nuevo centro de Castellón II permitirá reducir el número de presos en Picassent, que en la actualidad cuenta con 2.519 internos, y aumentar la seguridad al alejar los internos de sus familias, ha subrayado Cánovas.
En la prisión trabajan un total de 1.100 funcionarios y 90 empleados contratados con carácter fijo, de los que 75 se han incorporado recientemente para paliar el "déficit" de personal, ocasionado en parte por las solicitudes voluntarias de traslado a otros centros.
Cánovas ha negado que vayan a trasladarse empleados públicos a Albocásser de forma obligatoria y ha afirmado que Picassent mantiene la relación de puestos de trabajo pactada con los sindicatos.
La dirección del centro procura, según ha dicho, que la formación de los funcionarios que trabajan en estos módulos "sea cada vez mejor", de modo que no sólo "reciban preparación específica de tipo físico", sino también psicológica y administrativa.
Además, ha insistido en que "la situación de Picassent es general en toda Europa", un problema que achaca a la voluntad de los gobiernos de "cerrar la mano desde actuaciones judiciales", una acción que redunda en el incremento de la población reclusa.
Cánovas también ha reclamado una mayor implicación de las ONG con la población reclusa y "a todo el mundo que tenga una iniciativa" que suponga aumentar el número de actividades de los presos, ya que ello, en su opinión, "ayuda a analizar el mal hecho".
En cuanto al motín registrado el pasado año en el centro penitenciario, ha opinado que este incidente demostró "la paz general" que hasta entonces había habido en la cárcel.
Por su parte, el delegado del Gobierno ha recordado que la voluntad del Ejecutivo español es que "los centros penitenciarios sean realmente centros de reinserción".
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