Aguirre lanza sin complejos la "tercera ola" privatizadora del sector público

Esperanza Aguirre llega hoy al XIV Congreso regional del PP sin ningún rival que le haga sombra y dispuesta a convertir el evento en una plataforma para lanzar una "tercera ola de modernización del sector público" que continúe ahondando en las controvertidas políticas privatizadoras del Ejecutivo regional.

(EFE)

Llega triunfal al al XIV Congreso regional del PP.

Al menos ésa es la principal conclusión que puede extraerse de una de las ponencias, titulada 'Servicios públicos de calidad'. Redactado por Juan José Güemes, consejero de Sanidad; Ginés López, alcalde de Arganda, y Miriam Rabaneda, alcaldesa de Pinto, el documento anuncia esta "tercera ola de modernización" del sector público que, incluso antes de darse a conocer ya ha levantado ampollas en algunos colectivos, como los de defensa de la Sanidad pública.

Un pequeño aperitivo del plan que se presentará en el Congreso regional llegó esta misma semana, de la mano de la polémica protagonizada (una vez más) por el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, y la presidenta de la Comunidad a propósito de la introducción de capital privado en el Canal de Isabel II.

Sin embargo, los sectores sobre los que el documento llama la atención de forma más clara son la Educación, la Sanidad y la atención a personas dependientes. Acerca de ellos, afirma que "la introducción de mayor libertad constituye una palanca para mejorar su eficiencia y la calidad que reciben los usuarios (...) Y supondría sin duda, una extraordinaria fuente de crecimiento y de creación de empleo".

Ya durante la última legislatura, tanto la oposición como diversos colectivos, han denunciado lo que consideran el "desmantelamiento" de estos sectores a causa de las políticas privatizadoras de la Comunidad de Madrid. Actuaciones como la concesión de conciertos a colegios privados y, sobre todo, la introducción de operadores privados en el sector sanitario han causado controversia, no sólo en sí mismas, sino por las acusaciones de falta de transparencia y de debate público alguno. Ahora, lanzando un mensaje a los que lo acusaban de actuar a hurtadillas, el Gobierno encabezado por Aguirre parece optar por desplegar sin complejos su faceta más liberal.

La ponencia, que menciona más de treinta veces la palabra "competencia", relaciona el concepto de modernización con el de privatización y hace un repaso por los resultados positivos de la primera y la segunda olas modernizadoras (la privatización de los servicios públicos prestados por los ayuntamientos y de los monopolios públicos).

El argumentario que subyace bajo el texto firmado por el valido de Esperanza Aguirre es sencillo: los gobiernos deben garantizar la libertad de los ciudadanos de elegir los servicios públicos. Esta promesa, incluida en el programa del PP, se ha materializado esta misma semana con el anuncio de dar vía libre a la elección de médico y hospital por parte del paciente.

La mejor manera de garantizar esta libertad, devolviéndole a la sociedad el protagonismo en la gestión de lo público, es "impulsar la competencia". ¿Y cómo? Introduciendo una pluralidad de prestadores de servicios que rivalicen entre sí y garanticen una mejor atención alejada de la ineficiencia relacionada con el monopolio. El papel del Gobierno se reduce de esta manera a la supervisión y el control.

Para ello, otro de los puntos sobre el que el documento hace especial hincapié, es en la necesidad de flexibilizar las regulaciones jurídicas y eliminar "cargas burocráticas" con "menos y mejores normas". Esta idea ha sido denunciada en varias ocasiones por asociaciones como la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad pública de Madrid, que ven en esta declaración de intenciones un intento de escapar del derecho administrativo y aplicar el privado a aquello que se subvenciona con dinero público.

Los nuevos hospitales de gestión mixta como modelo

Como prueba de la efectividad de las privatizaciones, el documento pone como ejemplo los (criticados por unos y alabados por otros) ocho nuevos hospitales que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha, de gestión mixta público-privada. "Con extraordinarios resultados de calidad en la prestación del servicio", según el texto.

Estos centros sanitarios han sido construidos por empresas (en muchas ocasiones gigantes del cemento como Sacyr, FCC o Ferrovial) que construyen y explotan en terreno público estos hospitales, de titularidad privada. Los operadores, asimismo, gestionan los servicios no sanitarios, mientras que el personal sanitario sigue dependiendo de la Consejería. A cambio, el Ejecutivo regional paga cada año un canon y un importe por habitante. La principal crítica que pesa sobre los centros gestionados mediante esta fórmula es que las empresas buscan como primer objetivo obtener una "rentabilidad adecuada" (tal y como expresaba el anteproyecto de explotación de los hospitales) y no brindar un servicio público.