Madrid.- El Gobierno de la Comunidad de Madrid va a presentar recurso de inconstitucionalidad contra el Texto Refundido de la Ley estatal del Suelo, al considerar que invade competencias urbanísticas exclusivas del Ejecutivo regional y agrava la crisis del mercado de la vivienda.
El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ignacio González, ha detallado que en las mismas se garantizan el alojamiento y manutención, cuidado personal, control y protección, atención geriátrica y rehabilitación y atención social, entre otros servicios, durante las 24 horas del día los 365 días del año.
Según ha informado hoy la Comunidad, el Consejo de Gobierno regional ha acodado interponer este recurso contra la norma que refunde la Ley del Suelo estatal con los preceptos que aún quedaban vigentes de la antigua Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
El Gobierno regional entiende que esta norma "invade las competencias urbanísticas exclusivas de la Comunidad de Madrid" porque "entre otras cosas, modifica el régimen de valoración del suelo".
Ello, añaden, "no sólo lesiona el derecho a la seguridad jurídica y económica de los propietarios del suelo, sino que conculca el derecho constitucional a la propiedad y a una indemnización justa en caso de expropiación".
En opinión del Gobierno regional, la norma estatal "ha distorsionado gravemente el mercado del suelo" y ha agravado la crisis del sector inmobiliario.
Aseguran que "rebaja la reserva obligatoria del suelo para vivienda protegida a un 30%, frente a la obligación del 50% de pisos de protección que fija la ley regional para los nuevos desarrollos urbanísticos", lo que califican de "intromisión" en las competencias de vivienda de la Comunidad.
"La Ley impone un modelo de ciudad a los ayuntamientos y comunidades autónomas, cuando la administración central únicamente puede establecer los mecanismos de financiación para la vivienda protegida, pero nunca desarrollar una política de vivienda", asegura el Gobierno regional.
El nuevo texto de la Ley del Suelo, según el Ejecutivo madrileño, da "preferencia a terceros" para urbanizar los futuros barrios y además "atenta contra el derecho a la propiedad privada y es intervencionista" pues limita la libertad legislativa de las comunidades Autónomas y las competencias urbanísticas municipales.
Aseguran que "se impide que las comunidades pongan en marcha medidas liberalizadoras" de urbanismo y que "impone idearios sectarios cercanos al socialismo radical, perjudica a los pequeños propietarios y aumenta los trámites burocráticos".
La nueva Ley, según el Gobierno Madrid "convierte las expropiaciones en expolios" y no da compensaciones justas lo que, dicen, provocará perjuicios a los propietarios y gran número de reclamaciones judiciales.
A su juicio, el recurso "se hace necesario" para salvaguardar las competencias exclusivas de la Comunidad en la materia y porque "no contribuye a la bajada del precio de la vivienda, no evita la especulación urbanística, propicia la crisis inmobiliaria, financiera" y perjudica a los ciudadanos que "todavía tienen capacidad para adquirir viviendas".
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