Valladolid.- El Gobierno castellanoleonés ha abierto expediente disciplinario al secretario territorial de la Junta en Zamora, Manuel Méndez, por haber indicios de incumplimiento del régimen de incompatibilidades, ya que participa en una sociedad que tramita un expediente para una planta fotovoltaica.
El procurador socialista Fernando Benito, durante su intervención en el Pleno de las Cortes celebrado hoy en Valladolid.
La apertura del expediente disciplinario ha sido anunciada hoy por el vicepresidente económico de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, en el primer pleno de las Cortes regionales del nuevo curso político, en respuesta a una pregunta que le ha formulado el procurador socialista Fernando Benito.
Villanueva ha informado además de la otra investigación en curso, que estaba en proceso de información reservada, ha concluido que, por contra, no existen indicios de incumplimiento del régimen disciplinario, en cuanto a incompatibilidades, en el caso del jefe del Servicio de Caja de la Tesorería General, Manuel Ballesteros.
Este es el segundo expediente disciplinario que tramita la Junta de Castilla y León después del que abrió en agosto pasado al secretario general de la Delegación de la Junta en León, Javier Lasarte, en relación a supuestas irregularidades en la concesión de licencias de plantas solares foltovoltáicas.
Este caso ha provocado la dimisión de seis altos cargos de la Junta en León, Palencia y Zamora, entre ellos los dos a los que se ha referido hoy Villanueva en sus explicaciones ante el plenario a instancias socialistas.
El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo ha asegurado que "hasta donde" el Gobierno autonómico "sabe", puede "garantizar que no hay ningún alto cargo implicado", y ha aseverado que si el PSOE supiera de alguno "lo hubiera dicho" en la sesión de hoy.
Las supuestas irregularidades en las concesiones de plantas solares ha vuelto ha provocar hoy un tenso debate entre Villanueva y los procuradores socialistas Fernando Benito y Ana María Redondo, con insistencia del consejero en que "no ha habido ni una sola regularidad en la tramitación de los expedientes".
Redondo ha reprochado a Villanueva "su sutileza" en la terminología aplicada, sin que en sus explicaciones haya visto "interés por evitar otra trama solar".
La procuradora socialista ha reclamado a la Junta medias preventivas, un listado de las peticiones y autorizaciones de estas plantas y medidas específicas para el control "de la especulación", ya que, a su juicio, "se está produciendo un negocio especulativo con la venta" de estas concesiones, que pueden alcanzar los 40.000 euros en el mercado.
Además, Redondo ha planteado que se pongan "límites cuantitativos y temporales" al número de concesiones a la misma empresa o familia, y un código ético del funcionariado de la Comunidad en el que se intensifiquen las incompatibilidades.
El debate más duro se ha suscitado entre Villanueva y Benito, con referencias del segundo a que el único alto cargo que no ha querido dimitir por este asunto, el jefe de servicio de Palencia y ex consejero de la Junta, Francisco Jambrina, era cliente del bufete privado de abogados del vicepresidente económico.
Visiblemente enfadado, Villanueva ha afeado a Benito "sus veladas advertencias", y le ha recordado que en sus trece años con responsabilidades en la Junta nadie de la sociedad de Castilla y León "ha puesto en tela de juicio" su integridad, a la vez que ha ironizado con "el brillante expediente de acceso a la función pública" del procurador socialista.
"Se excede en sus expresiones", ha asegurado Villanueva, quien ha recordado a Benito que debe "guardar reserva" respecto a los datos personales que él ha ofrecido a la Cámara, y le ha advertido de que puede encontrarse con "alguna querella criminal" por parte de alguno de los afectados por esa información.
Benito ha dudado de que la Junta haya tenido tiempo de examinar 6.786 expedientes relacionados con este tipo de concesiones que afectan a mil empresas, y Villanueva ha reclamado que no se ponga en tela de juicio a todo el funcionariado de la Comunidad ni a un sector muy importante para la economía regional.
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