El 38% de los 1.400 cooperantes están cubiertos por el seguro colectivo

Madrid.-  El 38 por ciento de los 1.400 cooperantes españoles que trabajan en el extranjero están cubiertos en este momento por el seguro colectivo de previsión social que cofinancian el Gobierno y las 80 organizaciones no gubernamentales responsables de planes de desarrollo en 60 países.

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(EFE)

El 38 por ciento de los 1.400 cooperantes españoles que trabajan en el extranjero están cubiertos en este momento por el seguro colectivo de previsión social que cofinancian el Gobierno y las 80 organizaciones no gubernamentales responsables de planes de desarrollo en 60 países.

En la presentación de la campaña del tercer Día del Cooperante (8 de septiembre), la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, ha anunciado que las administraciones elaborarán, con la colaboración de las ONG, planes específicos que faciliten la reinserción laboral de quienes retornen después de participar en proyectos de desarrollo en el extranjero.

Como parte de los actos del Día del Cooperante, el lunes próximo se instalará una placa en el Palacio de Santa Cruz de Madrid, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, que recordará a los fallecidos durante su misión, con presencia del ministro, Miguel Ángel Moratinos, y de todos los embajadores de España.

Este mes están previstos actos con cooperantes organizados por las embajadas ubicadas en países donde se ejecutan proyectos españoles.

La política de cooperación al desarrollo es elemento básico e "identitario" de la política exterior española, ha enfatizado Rodríguez, con el objetivo de luchar contra la pobreza y las desigualdades y cambiar las relaciones entre los Estados para conseguir un mundo "más justo y equitativo y, por tanto, más seguro".

Para todo ello, el trabajo en el terreno de centenares cooperantes es "fundamental" ya que unen a su gran profesionalidad un compromiso de solidaridad propio y de España: "Son nuestros mejores embajadores", ha apostillado.

En este sentido, el Día del Cooperante pretende una "visibilidad" y un reconocimiento social e institucional de estas personas y reforzar la colaboración entre las administraciones estatal, autonómica y local, las ONG, universidades y sindicatos.

Dos años después de que se aprobara el Estatuto del Cooperante, Rodríguez ha dicho que el proceso de dignificación de sus condiciones en el extranjero es largo y continuo.

Ha citado el objetivo de seguir extendiendo el seguro colectivo, que asiste ya a 534 cooperantes, que cubre asistencia médica básica y de maternidad; el pago de indemnizaciones por muerte en zonas de conflicto, y aumentar los beneficios sociales para estas personas y sus familiares.

Los planes activos de empleo para estas personas cuando vuelvan a España tendrán en cuenta su formación profesional inicial y tratarán de aprovechar al máximo la específica que hayan recibido como cooperantes y su experiencia.

En esta línea, ha indicado Rodríguez que la reforma de la Ley de Cooperación debe suponer un "salto cualitativo" en sus condiciones de vida.

Según el presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, José María Medina, quedan pasos pendientes, relativos a la fiscalidad, el reconocimiento de enfermedades laborales o cobertura educativa de los hijos de los cooperantes.

Ha distinguido entre los que se desplazan adonde viven una situación de crisis o emergencia humanitaria coyuntural y otros, una mayoría, que participan en proyectos continuados de medio o largo plazo, que llegan a durar varios años.

Ha definido la figura del cooperante como "puente entre dos realidades", la del mundo desarrollado y la de aquellas poblaciones que luchan cada día por mejorar su condiciones de vida.

Ha valorado que el 90 por ciento de ellos son titulados superiores y que su gran motivación e interés por la justicia los lleva a dejar país, familia y entorno social.

Unas 20.000 personas trabajan en estas ONG y unos dos millones son socios, donantes o colaboran con ellas.

En la presentación han participado también Carlos Marcilla, de la Conferencia de Religiosos (CONFER); el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, en representación de la FEMP; el viceconsejero de Cooperación e Inmigración de Madrid, Carlos Clemente, en nombre de las CCAA, y la directora general de Cooperación e Inmigración del Ayuntamiento capitalino, Laura López.