El Senado uruguayo ratifica la convención sobre la protección contra las desapariciones forzadas

Montevideo.-  El Senado uruguayo ratificó hoy la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en diciembre de 2006 por la ONU y firmada por Uruguay en febrero de 2007.

ampliar foto

(EFE)

Una vez entre en vigor, los países miembros de la ONU habrán de dar los pasos precisos para investigar los casos de desaparición y reformar sus legislaciones para que la práctica sea tipificada como un delito criminal.

Esta Convención establece como derecho absoluto el que nadie sea sometido a la desaparición forzada, a la que define como cualquier tipo de arresto, detención, secuestro u otra forma de privación de libertad, por parte de funcionarios de un Estado o de particulares con apoyo estatal.

Una vez entre en vigor, los países miembros de la ONU habrán de dar los pasos precisos para investigar los casos de desaparición y reformar sus legislaciones para que la práctica sea tipificada como un delito criminal.

Además, su reconocimiento como delito de lesa humanidad lo hace imprescriptible y facilita que casos de esa naturaleza puedan ser procesados por la Corte Penal Internacional.

La Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas fue adoptada el diciembre de 2006 por la Asamblea General de la ONU.

Hasta el momento la Convención ha sido firmada por 73 países, pero sólo la han ratificado cuatro (Albania, Argentina, Guatemala y México).

Se necesita que la Convención sea ratificada por al menos una veintena de estados para que entre en vigor.

Argentina y Francia, principales promotores de la Convención, abanderan una campaña junto a grupos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, para impulsar la ratificación del documento y evitar que queden impunes estos crímenes.

Según el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, hay 41.257 casos pendientes en 78 países.

Entre los diez países con peores casos de desapariciones sin solución, cinco son de América Latina: Argentina (3.303), Guatemala (2.899), Perú (2.368), El Salvador (2.270) y Colombia (957).

El sábado pasado se celebró el Día internacional del Desaparecido y en Montevideo familiares de detenidos y desaparecidos junto con Amnistía Internacional y otros grupos recordaron a esas víctimas en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.

En este país está vigente la Ley de Caducidad que, al finalizar la dictadura (1973-1985), impidió juzgar a ex militares y policías por violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, una resolución de excepción firmada por el actual presidente, Tabaré Vázquez, establece que sobre las desapariciones forzosas ocurridas fuera de Uruguay tiene vigencia la Ley Penal Extranjera.

Así, pueden ser juzgados aquellos casos de uruguayos refugiados en países como Argentina o Brasil y que fueron secuestrados y trasladados a Uruguay, donde fueron eliminados o se pierde su pista.