Palma.- El Ministerio Fiscal ha elevado hoy su petición de penas de prisión para el alcalde de Llucmajor, Lluc Tomás -de 2 a 8 años-, así como para el ex concejal Joaquín Rabasco -de 12 a 18 años-, y la empresaria María del Amor Aldado -de 10 a 15 años-.
La Audiencia de Palma juzga al alcalde popular de ese ayuntamiento mallorquín; al ex concejal de Deportes Joaquín Rabasco, de la Asociación Social Independiente (ASI); y a la empresaria María del Amor Aldao, empleada en este partido, por los delitos de soborno, negociaciones prohibidas, defraudación a la Administración, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y alzamiento de bienes.
Según el Ministerio Público, Aldao creó las cuatro sociedades pero Rabasco tomaba las decisiones, y contrataron con el Ayuntamiento entre los años 2000 y 2002 por un montante superior al millón de euros.
El Ministerio Fiscal ha modificado sus conclusiones iniciales y ha aumentado su petición de penas de cárcel al advertir durante la celebración del juicio que los tres acusados también han incurrido en un delito de malversación de fondos públicos.
En la sesión celebrada esta mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, las partes han entregado sus conclusiones al tribunal y el próximo 29 de septiembre, tras la lectura de las mismas, el juicio quedará visto para sentencia.
Los abogados de los acusados estiman que los tres deben quedar en libertad y la defensa de Aldao ha pedido la nulidad del juicio por connivencia del tribunal con el Ministerio Fiscal.
Además, la Fiscalía pide el pago de una multa por parte del primer edil valorada en 21.000 euros y la suspensión para el desempeño de empleo o cargo público por un tiempo de 23 años.
Para Rabasco, el Ministerio Fiscal exige una multa que asciende a 297.600 euros, y para Aldao otra de 290.000.
Al finalizar la sesión de hoy, el abogado del alcalde Tomás, el letrado Rafael Perera, ha comentado a los periodistas que el fiscal ha decidido incrementar la solicitud de penas con ocasión de la celebración de este juicio, que comenzó el pasado 7 de julio.
En vista de la variación de las conclusiones iniciales de la Fiscalía, los letrados de los acusados han solicitado de manera unánime, según recoge la ley, una suspensión del juicio hasta finales de septiembre.
El primer día del juicio, el alcalde de Llucmajor defendió la legalidad de las contrataciones de fiestas por parte del Ayuntamiento, mientras que tanto Rabasco como Aldao se negaron a responder a las preguntas del fiscal.
Se trata de adjudicaciones y contrataciones realizadas por el Ayuntamiento entre los años 2000 y 2002 que, según defiende el fiscal, supusieron el desvío irregular de más de 1 millón de euros de las arcas municipales a cuatro sociedades afines a Rabasco.
Según el Ministerio Público, Rabasco y María del Amor Aldao crearon un entramado de sociedades (Majo Sport SL, Tenedi Ambiente SL, Retsar Music SL y Rodema Swin SL) con la finalidad de "aprovecharse" de la condición del primero de responsable municipal, en beneficio de ambos y en perjuicio del interés público, para lo que se llegó a cobrar facturas duplicadas.
Técnicos de la Agencia Tributaria han advertido durante el juicio de que tres de las cuatro empresas investigadas obtuvieron y justificaron ingresos procedentes del ayuntamiento, pero no acreditaron gastos por sus actividades de carácter festivo.
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