El juez pide informes a las FSE, a AENA y a la comisión de investigación

Madrid.-  El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Javier Pérez, que investiga las causas del accidente de aviación ocurrido el pasado miércoles en Barajas, ha pedido informes a la Guardia Civil, la Policía Judicial y a los técnicos de AENA y de la comisión de investigación del siniestro.

Así lo han informado a Efe fuentes jurídicas, que han señalado que en el Juzgado no se ha recibido aún ningún informe técnico y han advertido de que la instrucción de las causas relacionadas con accidentes aéreos es "larguísima" debido a su complejidad técnica.

En este sentido, el fiscal asignado al caso, Emilio Valerio, ha manifestado en declaraciones a la Ser que confía en que el informe con el análisis de las cajas negras esté a disposición del Juzgado en un plazo no superior a un mes.

De momento, la "prioridad" del Juzgado es la identificación de los cadáveres: a mediodía de hoy, el magistrado ya había ordenado la entrega a sus familiares de los cuerpos de 50 fallecidos.

Otras fuentes consultadas por Efe en el Juzgado han señalado que, aunque la guardia de éste finalizó oficialmente ayer, sus funcionarios "continuarán trabajando durante todo el fin de semana", desplazándose en equipos de cuatro personas al depósito de cadáveres, instalado ahora en el cementerio de la Almudena.

El Juzgado de Instrucción número 11 se hizo cargo del caso porque se encontraba de guardia el día que ocurrieron los hechos y será el encargado de llevar a cabo la investigación "hasta el final".

Además de su titular, el magistrado Javier Pérez, en el Juzgado trabajan una secretaria judicial, un forense y nueve funcionarios más, incluidos los agentes de la Policía Judicial asignados al caso.

El Juzgado, además, ya ha comenzado a ofrecer a los familiares de las víctimas la posibilidad de personarse como perjudicados en el caso.

Las fuentes consultadas han señalado que los familiares de las personas fallecidas en el siniestro y los heridos en el mismo pueden decidir emprender acciones legales como perjudicados "una vez que se lo piensen", y que se les está informando de que, en cualquier caso, sus intereses serán defendidos por la Fiscalía si optan por no personarse.