Vigo.- El Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo ha reabierto las diligencias previas por coacciones contra el alcalde, Abel Caballero, y el concejal de Seguridad, Xulio Calviño, por un delito de coacciones, presuntamente cometidas durante el pleno de aprobación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).
El Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo ha reabierto las diligencias previas por coacciones contra el alcalde, Abel Caballero (en la imagen), y el concejal de Seguridad, Xulio Calviño, por un delito de coacciones, presuntamente cometidas durante el pleno de aprobación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).
El auto, facilitado hoy por la Asociación Profesional de Peritos e Ingenieros de Galicia, explica que se ha procedido a la reapertura de esas diligencias previas, "vistas las actuaciones recibidas, de las que se desprende la presunta participación en los hechos denunciados", refleja el escrito, tanto del alcalde socialista y su concejal de Seguridad.
La denuncia por presuntas coacciones contra ambos representantes políticos la presentó hace meses este colectivo de peritos, aparte de otras asociaciones vecinales de la ciudad, por considerar que Caballero y Calviño fueron los responsables de restringir el acceso del público a ese pleno municipal tan polémico celebrado el pasado 29 de diciembre.
En ese pleno sólo pudieron acceder a la sala militantes socialistas y familiares de algunos de los concejales y no se permitió la entrada de numerosos ciudadanos que desde primera hora de la mañana esperaban en las afueras del ayuntamiento vigués.
El presidente de la Asociación Profesional de Peritos e Ingenieros de Galicia, Carlos González, se mostró hoy satisfecho con el hecho de que el juzgado haya decidido seguir adelante con la causa, ya que, aseguró, que el regidor y el edil fueron responsables de ese acceso al pleno.
En conferencia de prensa, González recordó que la denuncia presentada también fue por un presunto delito de abuso de autoridad, aunque de esa causa se está encargando la Audiencia Provincial de Pontevedra, según señaló.
"Vamos a seguir defendiendo los derechos y libertades", advirtió.
Por otra parte, González confirmó que el colectivo ha decidido también paralizar todas las acciones legales que habían iniciado contra ese documento urbanístico vigués.
Para González, seguir adelante con esa denuncia "sería más perjudicial que beneficioso para la ciudad", argumentó el presidente de los peritos, quien, pese a considerar que el PGOM no garantiza toda la seguridad jurídica que debería, "en principio el documento es mejor que el de 1993".
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