El Gobierno boliviano dice que la huelga es parcial y se cumple "bajo amenazas"

La Paz.-  El Gobierno de Bolivia afirmó hoy que la huelga convocada por opositores en cinco regiones del país es parcial, se cumple sólo en las capitales y no en el campo y bajo las amenazas y la violencia de grupos radicales autonomistas.

El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, dijo hoy en rueda de prensa que "más que una medida de conciencia cívica es fundamentalmente un paro que se ha ido cumpliendo parcialmente bajo amenaza" de "grupos de choque juveniles" y de otros organismos locales.

Gamarra subrayó que se trata de un paro "urbano" que, según dijo, no tiene seguimiento en el área rural y las provincias, de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca.

Con la huelga, los líderes opositores de estas regiones exigen la devolución de la renta petrolera que el Gobierno del presidente Evo Morales recortó este año para el pago de un bono a los mayores de 60 años.

Gamarra destacó que los huelguistas tampoco pudieron bloquear las rutas internacionales como pretendían, en particular en la frontera del departamento sureño de Tarija con Argentina.

Confirmó además que la radical Unión Juvenil Cruceñista, que ha "patrullado" las calles de Santa Cruz con palos y bates de béisbol para obligar a cumplir el paro, golpeó a dos policías y destruyó su vehículo en la madrugada de hoy, lo que confirmaron las imágenes de diversos canales de televisión.

Por contra, en un barrio populoso de Santa Cruz, el Plan 3.000, otro grupo de choque que rechaza la huelga y que es afín al presidente Morales golpeó a periodistas de los canales de televisión ATB y Bolivisión y destruyó el vehículo en el que hacían su cobertura.

Según medios de Santa Cruz, los dos bandos se encontraban hoy al mediodía separados solo por tres calles lanzando amenazas mutuas, en inmediaciones del Pan 3.000.

En la ciudad de Tarija, grupos de jóvenes autonomistas mantienen ocupada desde la noche del lunes las oficinas de la Aduana Nacional, por lo que el Ejecutivo ordenó al Ejército custodiar todas las instituciones del Estado en las cinco regiones huelguistas.

Después de la toma de la aduana, el Gobierno decidió proteger con militares las instalaciones de la empresa de telecomunicaciones estatal Entel en la capital tarijeña.