La reforma Lotau extiende a todos los municipios la obligación de reserva de suelo a VPO

Toledo.-  La reforma de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística (Lotau) extenderá a todos los municipios la obligación de reserva de suelo destinado a vivienda protegida, medida que ahora han de cumplir sólo las localidades de más de 10.000 habitantes.

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(EFE)

En la imagen, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón.

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ha explicado hoy, en un desayuno con los periodistas en Toledo, las principales medidas que en materia de vivienda y urbanismo ha adoptado la Junta de Comunidades en el último semestre para dar respuesta a la demanda de vivienda e impulsar el sector de la construcción.

Una de las últimas iniciativas es precisamente la reforma de la Lotau, que el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración en su última reunión del pasado día 12, de carácter extraordinario, y que entre sus finalidades tiene incrementar las reservas de suelo para vivienda protegida.

Con la ley actual, sólo los municipios de más de 10.000 habitantes tienen la obligación de reservar el 50 por ciento del suelo a vivienda protegida, pero con la reforma, los pueblos de menos de 10.000 habitantes también habrán de reservar al menos el 30 por ciento.

El anteproyecto de ley por el que se modifica la Lotau también regula la construcción de viviendas para alquiler, preferentemente para jóvenes, en suelos dotacionales a los que no se dé uso, y servirá para impulsar la adaptación a esta normativa de los planes municipales anteriores a ella, pues se ayudará a los ayuntamientos a contratar los equipos de redacción del planeamiento.

El consejero ha recordado que también se va a agilizar la tramitación de los expedientes urbanísticos al resumir en un informe único todos los informes sectoriales (más de una decena) y se va a unificar en un solo periodo, que será de 45 días, el plazo de información pública a efectos urbanísticos y de evaluación ambiental.

Sánchez Pingarrón ha destacado otra de las medidas más recientes, destinada al desarrollo de polígonos industriales en 14 municipios de la región, para lo cual se invertirán más de 62 millones de euros, y se podrán instalar entre 1.500 y 2.000 empresas en los más de tres millones de metros cuadrados de superficie previstos.

El titular de Urbanismo y Vivienda también ha explicado el decreto del 29 de julio de medidas para la aplicación del Pacto por la Vivienda, suscrito el pasado 12 de mayo, que regula, entre otras cuestiones, la nueva tipología de vivienda de iniciativa público-privada (VIPP).

Ha aclarado al respecto que las VIPP sólo serán de nueva construcción, donde haya demanda -para lo cual existe un Registro de Demandantes, donde ya están inscritas 48.000 personas- y con un precio máximo limitado al 10 por ciento más que las viviendas protegidas, por tanto, entre 98.000 y 144.000 euros.

Dado que las casas no se empezarán a construir hasta que haya demandantes que quieran adquirirlas, y sólo entonces es cuando se acordará el proyecto con el promotor, la Junta únicamente comprará aquellas que, por alguna circunstancia, el comprador finalmente no adquiera, y las incorporará a su parque de viviendas para alquiler.

Por tanto, la Administración no comprará aquellas que forman parte del 30 por ciento que se deja al promotor para que desarrolle su política comercial.

Sánchez Pingarrón ha explicado que el citado decreto también regula otra cuestión que ha suscitado dudas y que no tiene ninguna relación con las VIPP como es la posibilidad de convertir vivienda libre en protegida.

Ha destacado que Castilla-La Mancha no debía quedarse fuera de la posibilidad que el Gobierno de España ofrece para que las viviendas libres en construcción o con un año de antigüedad puedan solicitar su calificación como protegidas, siempre que cumplan los requisitos técnicos y rebajen los precios al nivel de las VPO.

El consejero ha puntualizado que para adjudicar estas viviendas hay que estar apuntado en el registro de demandantes y estar censado en Castilla-La Mancha.