Valencia.- El portavoz adjunto del grupo socialista en Les Corts, Joaquim Puig, ha anunciado hoy la presentación de un recurso ante la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente contra el programa de actuación urbanística (PAI) de Nou Mil·leni en Catarroja, que prevé construir 11.459 viviendas en zona de huerta.
El portavoz adjunto del grupo socialista en Les Corts, Joaquim Puig, ha anunciado hoy la presentación de un recurso ante la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente contra el programa de actuación urbanística (PAI) de Nou Mil·leni en Catarroja, que prevé construir 11.459 viviendas en zona de huerta.
Puig ha criticado al Consell porque, según sus palabras, "quiere acabar con la huerta antes de aprobar el plan de protección que anunció" y ha apuntado que Nou Mil·leni es un ejemplo de "irracionalidad urbanística e hídrica".
Ha recordado que la Confederación Hidrográfica del Júcar se opuso a este proyecto "que pretende usar un agua que no tiene concedida y que es necesaria para otros usos prioritarios de la comarca", ha añadido Puig.
El PAI plantea la construcción de 11.459 viviendas, por lo que si se establece una media de tres habitantes por vivienda, la población llegaría a superar los 34.000 habitantes, duplicando la población actual de Catarroja en pocos años, algo que Puig califica de "crecimiento desmesurado".
El responsable socialista ha explicado que la aprobación definitiva del proyecto "viola todos los principios" en los que se basa el Plan de Protección de la Huerta de Valencia que tramita el Consell, y ha advertido de que "no se ha elaborado la evaluación ambiental pertinente e infringe principios de la legislación de ordenación del territorio".
El recurso de alzada presentado por los socialistas pide la anulación del decreto que declara aprobado la homologación y el plan parcial del sector Nou Mil·leni que, según Puig "supondrá la desaparición de uno de los pocos espacios de la huerta de Valencia que conserva todavía características agrológicas y paisajísticas".
El portavoz socialista ha apelado a la "arrogancia" demostrada por el Consell, que puede "costar cara a los valencianos", ya que, Puig ha afirmado que el proyecto está siendo revisado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).
El portavoz pide "objetividad y legalidad" en el manejo de fondos públicos, algo que según comenta "se ha violado, al seleccionar un socio privado en la empresa mixta que promueve esta actuación, compuesta por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) y por la empresa intervenida judicialmente en proceso concursal Llanera".
Joaquim Puig ha explicado que una condena europea supondría la disolución de esta empresa mixta y la paralización del proyecto urbanístico, algo que el portavoz cree un riesgo de dinero de todos los valencianos.
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