Sevilla.- Juan José López Martos (Adra, Almería, 1938) veterano experto en gestión del agua y asesor científico de la Tribuna del Agua de la Expo de Zaragoza, cree que la transferencia del Guadalquivir a la Junta de Andalucía, la primera de este tipo en España, supone "un paso muy arriesgado".
Imagen de Juan López Martos.
Ingeniero, ex director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente o ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, López Martos advierte, en una entrevista con Efe, de las tensiones que acarreará esta transferencia.
Esta transferencia refleja, en su opinión, la "paradoja" de que España desmantele la administración hidrográfica basada en cuencas, que creó en 1926, "precisamente ahora que la aplica la UE".
Defiende que la gestión hidrográfica se base en el principio de unidad de cuenca y no en demarcaciones políticas "porque el límite de un río es físico y geográfico, y el de una comunidad autónoma o un municipio es una raya en un mapa".
Advierte de que la transferencia de cuencas intercomunitarias es "un paso muy arriesgado que está propiciando posturas muy raras entre las comunidades autónomas" y que puede encender "reivindicaciones provincianas y chovinistas".
Para López Martos, los nuevos estatutos de autonomía "se emprendieron sin establecer antes los límites del campo de juego, que es la Constitución" y, aunque confía en que el Constitucional frene algún desatino, deplora que los estatutos catalán y andaluz se hayan sometido a referéndum popular sin esperar al fallo del TC.
Defiende que el agua sea competencia exclusiva del Estado "por funcionalidad" y advierte de que las reivindicaciones autonómicas "se han desmadrado" con "posiciones poco razonables".
Cita el caso de Aragón, que reserva un mínimo de 5.000 metros cúbicos del Ebro por habitante y año, "cinco veces más que la media española" o la "incoherencia" de que Castilla-La Mancha quiera cerrar el trasvase del Tajo al Segura "a fecha fija", cuando importa del Júcar 300 hectómetros "aunque con pozos que la gente no ve".
Respecto al Guadalquivir, sostiene que la Junta de Andalucía "deberá de ser muy cuidadosa en la gestión, independientemente de lo que diga el Constitucional".
También cita la reciente crecida del Ebro, días antes de la inauguración de la Exposición de Zaragoza, que fue controlada por el centro único de gestión de la Confederación del Ebro que actuó en toda la cuenca del río y se pregunta si hubiera podido hacerse "si existiesen cinco centros de control, uno por cada autonomía por la que discurre este río".
A su juicio, España necesita un pacto de estado sobre el agua pero con dos premisas: "Rehacer la administración estatal de las cuencas intercomunitarias y redistribuir el agua".
"El agua hay que utilizarla donde más rinda, aunque luego hay que ser solidarios y repartir las rentas que produzca", asevera.
López Martos lamenta "el electoralismo" con el que se aborda en España la cuestión del agua "sobre la que discuten gentes que no saben de un asunto que es muy complicado".
Admite, no obstante, que el desarrollo de las autonomías no ha llevado parejo la asunción de competencias en los órganos de gestión de las cuencas, pero matiza que la solución la ofrecía la última ley estatal de aguas: una gestión compartida en órganos de cooperación entre ambas administraciones.
Respecto a la polémica sobre los trasvases, señala que no se deben de satanizar porque son necesarios, "por ejemplo para destinar en el futuro a usos más eficientes parte de los ocho mil millones de metros cúbicos que consume el regadío de manera poco eficaz".
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