Corbacho dice que no hay problemas para pagar el paro y que el Estado intervendría si los hubiera

MADRID.-  El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró que el superávit del que dispone el Inem garantiza que no hay problemas para pagar las prestaciones por desempleo ante el alza del paro y precisó que si hubiera dificultades para financiarlas, el Estado haría las aportaciones necesarias, como ya hizo "históricamente".

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EP (EUROPA PRESS)

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró que el superávit del que dispone el Inem garantiza que no hay problemas para pagar las prestaciones por desempleo ante el alza del paro y precisó que si hubiera dificultades para financiarlas, el Estado haría las aportaciones necesarias, como ya hizo "históricamente".

"Si eso es déficit, pues es déficit, pero el déficit cuando debe preocupar es cuando es el resultado de una mala gestión y no para corregir determinadas situaciones. No hay que ser dogmático con el déficit ni sacralizarlo", añadió el titular de Trabajo.

En respuesta a los portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, Corbacho reconoció que la labor de intermediación que hacen los servicios públicos de empleo no es la deseable y apostó por discutir en el diálogo social una reforma de los mismos que les haga más útiles y que ayuden más a los desempleados.

Asimismo, destacó la necesidad de que no haya "dos visiones" sobre el desempleado en un marco competencial como el actual, de manera que exista una política global que una las políticas activas con las pasivas. "En este país, el que menos competencias tiene en políticas activas de empleo es el ministro de Trabajo", agregó Corbacho, que recordó que son las comunidades autónomas las encargadas de diseñar las políticas de empleo, el fomento del empleo y ejecutar la legislación laboral.

El ministro también se mostró partidario de que la tarjeta del desempleo que obtienen los trabajadores que han perdido su puesto al apuntarse en las oficinas del Inem sólo dé lugar a la prestación correspondiente y no a otros beneficios sociales.

Durante su intervención, Corbacho también garantizó que no habrá congelaciones salariales y menos de los sueldos más bajos, ni tampoco de las pensiones. "No vamos a rebajar el Estado del Bienestar ni vamos a privatizar absolutamente todo pensando que en el mercado está la solución, porque no es así. No creo en el modelo estatalista ni tampoco en el mercado neoliberal", dijo.

El ministro de Trabajo acusó al PP de caer en el "dramatismo" y de tener una actitud "apocalíptica" y le pidió un poco más de confianza. Corbacho señaló que el Gobierno no le quita un "ápice" de importancia a la situación "compleja" de la economía, pero insistió en que tiene la firme convicción de que España saldrá de esta coyuntura y de que saldrá "bien". "Nos tendremos que apretar el cinturón y vendrán tiempos de turbulencias, pero es el momento de rearmarse", precisó.

EL PP "SUSPENDE" AL GOBIERNO

El portavoz del PP en la Comisión de Trabajo e Inmigración, José Ignacio Echániz, criticó especialmente que el Gobierno no haya desarrollado el compromiso adquirido con los agentes sociales en 2006 de modernizar los servicios públicos de empleo, máxime ante el repunte del paro y el "colapso" que sufren sus oficinas, que han visto aumentar su carga de trabajo un 35% por la subida del desempleo y el mayor número de perceptores de prestaciones.

Echániz "suspendió" al Gobierno por no haber hecho nada en esta materia y afirmó que las posibilidades de "recuperar" en septiembre son "nulas". El portavoz del PP apuntó además que el diálogo social se encuentra en "dique seco" y aseguró que el PSOE "es el partido del paro", pues la tasa de desempleo española es la más alta de la UE.

"España va muy mal y necesita un Gobierno que no mienta, que se remangue y se ponga a trabajar ya. Felices 100 días. Estamos esperando a que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, salga de su insensato optimismo y de sus vacaciones veraniegas de doce meses", afirmó el portavoz 'popular'.

IU: UN "PANORAMA BASTANTE OSCURO".

También el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, denunció los efectos negativos e inmediatos que ha tenido la crisis sobre el mercado laboral, destruyendo empleo y elevando el paro, por lo que pidió al ministro que se potencien las políticas activas de empleo y los servicios públicos de empleo que, advirtió, están "colapsados" ante su mayor volumen de trabajo.

Llamazares avisó de que existe una perspectiva "bastante oscura" sobre cómo evolucionará el paro, que probablemente exigirá más protección, y reclamó al Gobierno que no se adopten medidas unilaterales, sin el consenso de los agentes sociales.

Al igual que hizo el PP, Llamazares acusó al Ejecutivo de "incumplir" la reforma laboral de 2006 en cuanto a la modernización de los servicios públicos de empleo, y se mostró a favor de que el acuerdo social en esta legislatura sea a corto plazo y no a largo para poder adoptar así medidas de protección laboral y de políticas activas ante la crisis económica.

CiU: EL GOBIERNO DEBE ACTUAR SI NO HAY ACUERDO SOCIAL

Por su parte, el portavoz de CiU en esta Comisión, Carles Campuzano, señaló que el diálogo social es un buen instrumento para construir respuestas a la situación, pero lamentó que sus ritmos no vayan acompasados a las necesidades de empresarios, familias y trabajadores. En este sentido, subrayó que el Gobierno no puede quedarse inactivo si el diálogo social no da frutos.

Campuzano esbozó algunas de las líneas que, a su juicio, son necesarias para afrontar la situación del mercado laboral. Así, abogó por que el sector privado colabore con los servicios públicos de empleo en la recolocación de los desempleados, por acometer una reforma laboral en favor de la flexiseguridad, que vincule los salarios a la productividad y que reduzca las diferencias entre el coste del despido de los contratos fijos y temporales, y permita a los parados capitalizar el cien por cien de su prestación para montar un negocio.

Además, emplazó al Ejecutivo a impulsar las políticas activas para jóvenes, a revisar los contratos de formación y de prácticas, a traspasar a la Generalitat de Cataluña la Inspección de Trabajo y a dar a las comunidades autónomas mayor capacidad para participar en el control y seguimiento de las prestaciones.