Las Palmas de Gran Canaria.- Canarias pedirá mañana en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que la nueva financiación autonómica tenga en cuenta, además de la población actual, los criterios de insularidad y ultraperiferia a la hora de fijar las partidas a consignar para las Islas.
El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, compareció hoy para informar de diversos asuntos relacionados con su departamento.
Así lo anunció hoy el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario, José Manuel Soria, quien recordó que la financiación per cápita que recibe Canarias del Estado es de 2.395 euros, frente a los más de 3.600 euros que se destina a Cantabria, la comunidad que más recibe.
De cara a la reunión de mañana, Soria informó de que la postura de Canarias respecto al documento base que el Gobierno español ha entregado a las comunidades autónomas sobre la revisión del actual sistema de financiación autonómica es que los recursos tributarios cedidos por el Estado a las regiones en función de su población no sólo se han de referir a los servicios básicos, es decir a la sanidad, la educación y los servicios sociales, sino "a todos los que sean de competencia común".
Además, Canarias solicitará que a la hora de aplicar el criterio de suficiencia global y el de garantía de financiación de los servicios públicos fundamentales, el Estado incluya, en el caso de las Islas, los de insularidad, que en la actualidad se aplica en un 0,5 por ciento en los servicios sociales y en un 0,6 por ciento en la sanidad, y el de ultraperificidad, tal y como reconoce la UE en la aplicación de sus políticas.
El vicepresidente económico del Ejecutivo regional confió en que el aumento del déficit público estatal, que ha rondado, dijo, los 5.000 millones de euros en junio, no vaya a afectar a la dotación de los recursos que se destinan a las comunidades autónoma.
También dijo que al Gobierno canario no le gusta "que se mezcle", o se trate de hacerlo, reformas estatutarias como la catalana con la revisión del actual sistema de financiación autonómica, ya que en el prólogo del documento base entregado a las comunidades autónomas se hace referencia se relacionan estas dos cuestiones, dijo.
José Manuel Soria aseguró que Canarias está de acuerdo en que exista una mayor corresponsabilidad fiscal entre comunidades autónomas, aunque agregó que ello no puede "mermar la importancia del fondo de suficiencia, que es de una trascendencia enorme" para esta comunidad, dado el peso que tiene respecto del de los tributos cedidos.
El vicepresidente canario volverá mañana a reclamar que esta comunidad pueda dejar de devolver al año a las arcas estatales los más de 300 millones de euros que recauda en concepto de IGIC, dado que el nuevo sistema de financiación autonómica plantea incrementar hasta el 50 por ciento la participación de las comunidades en la recaudación de impuestos como el IVA.
Otro de los asuntos en los que Canarias mostrará su acuerdo mañana será en el principio de lealtad institucional que inspira las bases del nuevo sistema de financiación autonómica.
Sin embargo, y para que se cumpla esa lealtad, Soria consideró que el Gobierno español debería compensar de alguna forma a las comunidades autónomas tras haber decidido suprimir el impuesto sobre el patrimonio que éstas recaudaban.
Por otra parte, José Manuel Soria reiteró que el Gobierno canario confía en que el español no haya pretendido "mezclar" la publicación de las balanzas fiscales con la revisión del sistema de financiación autonómica vigente.
Al respecto, afirmó que en los términos en los que han sido publicadas estas balanzas fiscales "tienen una interpretación limitada", ya que, por ejemplo, "no recogen los saldos totales referidos a la Seguridad Social".
Soria detalló estos saldos e informó de que, como media anual, en el período comprendido entre 1991 y 1995 reflejan un déficit para Canarias de 391,4 millones de euros, cifra que creció hasta los 952,2 millones entre 1996 y 2000 y hasta los 1.295 millones entre 2001 y 2005.
Entre 1991 y 1995, ese déficit per cápita fue de 255 euros, mientras que entre 1996 y 2000 creció hasta los 581 euros y entre 2001 y 2005 llegó a los 703 euros.
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