Sevilla.- El PP andaluz y valenciano han suscrito hoy un documento con sus coincidencias en financiación autonómica, política de aguas, corredor mediterráneo, seguridad e inmigración, con el compromiso de convertir estas demandas en iniciativas parlamentarias en la Cámara andaluza y en las Cortes Valencianas.
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas (d), y el portavoz de los populares valencianos, Ricardo Costa, durante la reunión que celebraron en Sevilla parlamentarios de ambas comunidades para abordar asuntos de interés conjunto.
El documento ha sido firmado hoy tras una reunión celebrada en el Parlamento andaluz entre representantes del PP de Valencia, encabezados por el secretario general del PP de esta comunidad, Ricardo Costa, y del PP andaluz, liderados por el presidente de los populares andaluces, Javier Arenas.
Además del documento suscrito, Javier Arenas se ha comprometido con sus compañeros de Valencia a que su grupo planteará en el Parlamento autonómico un debate para la defensa del "Informe Camps", que bajo el título "Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea", ha sido presentado ante la UE.
Este informe, que ha sido planteado por el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en el Comité de las Regiones, reivindica una política de agua solidaria que pase por los trasvases de las zonas húmedas a las secas.
El documento suscrito hoy en Sevilla aboga por los trasvases de la España húmeda a la seca y por la ejecución de las inversiones que estaban previstas en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), derogado por el Gobierno del PSOE, y que suponían 4.101 millones para Andalucía y de 1.300 para Comunidad Valenciana.
Respecto a la financiación autonómica, los populares andaluces y valencianos reivindican la revisión del modelo de financiación autonómica mediante un acuerdo multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), participando todas las comunidades autónomas.
El PP apuesta por que ese acuerdo permita la corrección de los crecientes desequilibrios que se están produciendo en el actual modelo, "impulsado bajo criterios de distribución de las necesidades de gasto que, si bien era los adecuados en el momento de la aprobación del mismo, han dejado de serlo en la actualidad".
En cuanto al corredor mediterráneo, el documento establece que la ejecución del proyecto ferroviario de Alta Velocidad que una el Corredor Mediterráneo en ancho UIC, preparado para velocidad de 300-350 kilómetros por hora, es una prioridad fundamental para asegurar la competitividad de nuestras economías.
Los representantes del PP de Andalucía y de Valencia creen "fundamental" que el Gobierno de la Nación prolongue la línea de alta velocidad desde Murcia a Almería y Málaga, conectando el Corredor Mediterráneo con la línea Málaga-Sevilla-Madrid.
La seguridad es otro de los aspectos del acuerdo entre ambas delegaciones, que recuerdan que, en paralelo al aumento demográfico, se ha producido un "severo incremento de los índices de inseguridad ciudadana sin que la inversión por parte del Estado haya ayudado a resolver la evidente carestía de medios policiales que se da en Andalucía y en la Comunitat Valenciana".
El texto destaca que la escasez de efectivos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ha tenido que ser suplida por el "enorme esfuerzo inversor" realizado por los ayuntamientos de cada región, de manera que "resulta imprescindible, para poder paliar de forma efectiva esta situación, que se destinen de forma inmediata 5.800 nuevos agentes de Policía Nacional y Guardia Civil a Andalucía y 3.000 a Comunidad Valenciana".
En cuanto a la inmigración, se recuerda que el los extranjeros residentes en Andalucía y en Valencia se ha incrementado un 312 por ciento y un 369 por ciento, respectivamente desde el año 2000, mientras que la aportación del Estado en esta materia asciende a 41 euros y a 31,16 euros por persona, en cada caso.
En rueda de prensa posterior a la firma del documento, Arenas ha destacado que el PP andaluz y el valenciano tienen "muy clara" la defensa de las aspiraciones de sus respectivas comunidades "en el marco de la España común" y teniendo en cuenta los principios de "solidaridad e igualdad" entre los ciudadanos.
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