La Paz.- El Estado boliviano enfrenta demandas arbitrales por un valor de 925 millones de dólares de parte de cuatro trasnacionales, cuyas inversiones fueron nacionalizadas, sus contratos se anularon o tienen conflictos tributarios, confirmó hoy el Gobierno.
La segunda demanda en importancia, por 350 millones de dólares, fue presentada por la italiana Telecom por la nacionalización, sin previo acuerdo sobre indemnizaciones, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), decretada en mayo pasado.
Un informe del ministerio de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales señala que las demandantes son la minera chilena Quiborax, la telefónica italiana Telecom, la petrolera británica Ahsmore y Gas Transboliviano que gestiona el lado boliviano del gasoducto entre Bolivia y Brasil.
La mayor demanda, por una suma de 500 millones de dólares, fue presentada en junio pasado por Ashmore, cuya filial Transredes, que opera el transporte de gas y petróleo en el país, fue intervenida y nacionalizada por el Gobierno de Evo Morales.
El proceso arbitral fue planteado ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, según la prensa local.
La segunda demanda en importancia, por 350 millones de dólares, fue presentada por la italiana Telecom por la nacionalización, sin previo acuerdo sobre indemnizaciones, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), decretada en mayo pasado.
En este caso, el Gobierno de Morales asumió el control del 50 por ciento que poseía Telecom en Entel y aumentó la participación del Estado en esa firma hasta un 97 por ciento.
Telecom presentó su caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, una entidad que, no obstante, el Estado boliviano abandonó en 2007 con el argumento de que siempre emite fallos a favor de empresas.
De su parte, Gas Transboliviano, participada por compañías como Transredes, la brasileña Petrobras y la anglo-holandesa Shell, presentó este año una demanda por 35 millones de dólares por un conflicto tributario.
El ministro de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, dijo a la prensa que las negociaciones para resolver este problema tributario están cerca de un acuerdo.
El ministerio también confirmó que la chilena Quiborax, cuyas concesiones mineras en el salar de Uyuni fueron anuladas en 2004 por el entonces presidente Carlos Mesa (2003-2005), mantiene una demanda en el CIADI por 40 millones de dólares contra el Estado.
Además, el Gobierno de Morales ha sido notificado del inicio de un próximo proceso arbitral por la suiza Glencore, cuya fundidora Vinto fue expropiada a principios del 2007.
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