Madrid.- La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, coincidieron hoy en afirmar que las administraciones deben colaborar entre sí y con la sociedad civil para luchar contra la violencia de género.
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
Aído y Gallardón hicieron estas declaraciones con ocasión de la firma de un convenio con la Fundación José María de Llanos para construir un centro para mujeres víctimas de violencia de género en el distrito Puente de Vallecas.
Acudieron a recibir a la ministra a las puertas del futuro centro unas decenas de padres separados, que denunciaron que "en los juzgados no nos permiten defendernos y no se nos admiten pruebas", que pidieron que "se elimine de raíz" la ley contra la violencia de género y que instaron a Aído a "ser la ministra de Igualdad".
Para Gallardón, la creación del nuevo centro "es un buen ejemplo de cómo se deben hacer las cosas" y de cómo" las administraciones tenemos que compartir nuestros objetivos y colaborar. Y lo tenemos que hacer con aquella parte de la sociedad civil que tiene un discurso, un criterio y una capacidad de gestión propios".
Aído señaló que "la lucha contra la violencia de género es una prioridad para el gobierno de España" y que "tenemos la convicción de que la violencia contra las mujeres es un problema de estado, es una lacra para el desarrollo de nuestra sociedad y es la forma más brutal de la que se manifiestan las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres".
Para avanzar en su erradicación, "es vital la colaboración entre distintas administraciones e instituciones y la sociedad civil, bien lo decía el alcalde de Madrid", reconoció la ministra.
Aído subrayó que "hemos logrado una mayor visualización de la violencia de género" y "cada día la ciudadanía percibe que la violencia de género existe y que aún está presente en nuestra sociedad democrática y que la única solución es que los poderes públicos y la ciudadanía en su conjunto estemos al lado de las víctimas y rechacemos esta violencia en todas sus manifestaciones, así como a quienes la ejercen, los maltratadores".
Prometió que "no ahorraremos esfuerzos en la protección de las mujeres maltratadas" ni tampoco "ni un solo segundo de trabajo" para garantizar "una protección de carácter integral, completa y eficaz", como lo marca la ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Precisamente esta ley, que el pasado 29 de junio cumplió tres años y que, según la ministra, "es el mejor instrumento con el que contamos para luchar contra esta lacra social" y que "ha sentado las bases del trabajo que desde el Ministerio de Igualdad seguiremos empujando y realizando", es rechazada de plano por la decena de padres separados que acudieron al futuro centro a recibir a Aído.
Francisco Zugasti, de Projusticia, aseguró en declaraciones a la prensa que "somos de padres separados, a quienes nos han quitado todo, primero nuestros hijos y luego el patrimonio y al final hasta la dignidad".
Criticó que "en los juzgados no se nos permite defendernos, no se nos admiten pruebas y basta una simple denuncia falsa por muy disparatada que sea".
Explicó que en su caso, está "condenado por amenazas e injurias por telepatía" y que el gran problema suyo y de otros padres separados es que "nadie te cree".
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