El fiscal pide 21 años para Mainar por el asesinato del alcalde y un juicio sin jurado

Huesca.-  La Fiscalía de Huesca solicita para el guarda forestal Santiago Mainar 21 años de prisión como presunto responsable del asesinato del alcalde de Fago Miguel Grima, y pide que sea un tribuna profesional y no un jurado popular quien lo juzgue.

ampliar foto

(EFE)

El guarda forestal Santiago Mainar (d), presunto responsable del asesinato del alcalde de Fago Miguel Grima, sale escoltado por un agente de la Guardia Civil del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaca tras prestar declaración, el año pasado.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal imputa a Mainar un presunto delito de asesinato, en concurso con atentado, por el que pide 20 años de cárcel, y un año más por tenencia ilícita de armas, además de una indemnización de 105.000 euros para la esposa del edil asesinado.

La existencia de estos dos delitos, que considera independientes entre sí, ha llevado al fiscal a remitir al instructor un escrito suplementario en el que pide la transformación del procedimiento del jurado por el que se tramita la causa en sumario ordinario, para ser visto por un tribunal profesional.

En su escrito de acusación, remitido a las partes para que remitan a su vez sus conclusiones provisionales, la Fiscalía vincula el crimen a las "graves discrepancias" que mantenía Mainar con el alcalde respecto a la gestión de la política municipal.

"Tales discrepancias -relata el fiscal-, ocasionadas por la manifiesta disconformidad del acusado con la actuación como alcalde de Grima, habían dado lugar a diversos enfrentamientos personales y pleitos judiciales, y habían generado entre ambos una notable enemistad".

Según la acusación, Mainar, "obsesionado" por la actuación de Grima como alcalde de Fago, que consideraba "perjudicial" para los intereses del pueblo, le llevó el 12 de enero de 2007 a tomar la decisión de "poner fin" a la vida del edil, con una escopeta que escondía sin licencia en el monte.

Tras conocer que Grima había viajado a Jaca para reunirse con los alcaldes de la comarca, el procesado, en opinión de la Fiscalía, ideó un plan que le llevó a preparar una emboscada al edil en una curva de la carretera local que une los núcleos de Fago y Majones.

El fiscal, que utiliza datos del primer testimonio incriminatorio del propio acusado, del que se desdijo con posterioridad, indica en su escrito que Mainar colocó varias piedras en la calzada para conseguir detener el coche del alcalde, operación que repitió dos veces ya que el primer vehículo en parar fue el de otra persona.

Sobre las 22:00 horas, del 12 de enero de 2007, siempre según la acusación pública, Grima llegó a la curva donde aguardaba Mainar emboscado y bajó del vehículo para retirar las piedras que obstaculizaban el paso.

Cuando terminó de retirarlas, el procesado salió de su escondite y disparó, presuntamente, una carga de postas a unos 5 centímetros del alcalde, quien murió al instante a causa de las 14 heridas que sufrió en su hemitórax izquierdo.

Tras dar paso a un vehículo que pasó por la zona en dirección a Fago y que se detuvo para preguntar que sucedía, Mainar arrojó el cadáver de Grima a la cuneta, huyó en el coche del propio alcalde, que abandonó en una pista situada a poca distancia de la ermita de Santa Lucía, y regresó a pie a Fago.

Según el fiscal, al día siguiente, Mainar cogió la escopeta y se dirigió a la localidad de Puente la Reina, donde, según su primer testimonio, la dejó en el interior de un camión de matrícula extranjera aparcado junto a un restaurante.

En su escrito, el fiscal, que pide numerosas pruebas periciales y testificales, solicita que se mantenga al procesado en su situación actual de prisión provisional "hasta la celebración del juicio oral, que se fijará con la mayor celeridad posible".

En relación a su petición de transformación de la causa en un sumario ordinario, el fiscal señala que la existencia de un delito no competencia del jurado (tenencia ilícita de armas) e independiente del de asesinato obliga, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a modificar su modo de tramitación.