Madrid.- El secretario de Medio Ambiente del PSM, Miguel Aguado, considera que la decisión de la Comisión Europea (CE) de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por las obras de la M-501 "no es sólo un varapalo tremendo a un proyecto sino a toda una política ambiental y de transportes".
El secretario de Medio Ambiente del PSM, Miguel Aguado, considera que la decisión de la Comisión Europea (CE) de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por las obras de la M-501 "no es sólo un varapalo tremendo a un proyecto sino a toda una política ambiental y de transportes".
A su juicio, esa política de la Comunidad está "puesta al servicio de intereses urbanísticos" y responde "a una forma de entender la gestión del Gobierno regional como un principado medieval, donde sólo vale la opinión de la lideresa", en referencia a la presidenta Esperanza Aguirre.
Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Grupo Socialista de la Asamblea, José Quintana, ha declarado que "es tan grande la vergüenza para el Gobierno de Esperanza Aguirre que debería plantearse remodelaciones gubernamentales mucho más amplias y en primera persona".
A su juicio, la decisión de la CE "enfrenta" a la región "a una grave sanción económica" y "convierte a Madrid en la región europea donde menos se respeta el medio ambiente".
Quintana ha anunciado que el PSOE solicitará la comparecencia de los nuevos responsables regionales de Medio Ambiente en la Asamblea "para que expliquen las razones que han llevado al Gobierno regional a generar este enfrentamiento con la Comisión Europea".
También CC.OO. de Madrid ha reaccionado hoy a la decisión de la CE, que advierte una "clara violación de la legislación europea" en las obras de ampliación de la M-501, al revelar que estudia "exigir responsabilidades penales para quienes desde el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre adoptaron unas decisiones que se han demostrado ilegales".
Comisiones de Madrid estima que "ya es hora de que se exijan responsabilidades políticas y judiciales y se castigue a quienes, desde puestos de responsabilidad política y/o administrativa, promueven que las administraciones públicas vulneren alegremente la normativa ambiental o hagan dejación de los deberes legales que dichas administraciones tienen encomendados, en una materia tan trascendental para la vida de los ciudadanos".
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